La denuncia de Durán alcanza a 38 consejeros de La Caja entre 2008 y 2012

Durante el periodo que acota el denunciante, La Caja ha tenido dos presidentes: el actual, Juan Manuel Suárez del Toro, que llegó al cargo en diciembre de 2008, y su antecesor, Antonio Marrero.

En la actualidad, la entidad está despolitizada, en virtud de la nueva ley de cajas de ahorros, que impedía que los políticos en ejercicio ocuparan un asiento en el Consejo de Administración. Sin embargo, a lo largo de los cuatro últimos años han sido muchos los que han pasado por la institución ocupando plaza en el órgano de gobierno.

Entre ellos, por ejemplo, la exalcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Josefa Luzardo (PP), el exteniente de alcalde Néstor Hernández (PSC), el presidente de CC en Gran Canaria, Fernando Bañolas, o el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.

No significa que cualquiera de los incluidos en la nómina de los 38 consejeros hayan podido incurrir en ilegalidad. Simplemente el denunciante alude a un periodo de tiempo, en el que se sentaron en el Consejo de Administración, y explica al fiscal Anticorrupción que durante esos años pudieron cometerse presuntamente varios delitos.

De prosperar en los tribunales la iniciativa de Durán Alday, sí resultaría lógico que en algún momento todos o algunos de esos consejeros pasen por los juzgados bien en calidad de imputados o de testigos.

Muchos más

La lista de consejeros relacionados con la política no se acaba en los cuatro nombrados. No hace mucho tiempo, los sillones del Consejo de Administración de La Caja eran codiciados y, por tanto, motivos de enfrentamientos por ocupar alguno de ellos.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), también ha sido consejero de la entidad en el pasado reciente, como también el exconcejal de la capital grancanaria Felipe Afonso (PP, así como su compañera de partido y también exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria Alejandra Fabre (PP) o el exalcalde de Telde Francisco Santiago (NC).

El autor de la segunda denuncia en la delegación en la provincia de Anticorrupción -la primera la presentó el sindicato FSOC- sostiene que, por su experiencia al frente de la Comisión de Control, se pudieron cometer delitos como fraude, alteración del precio de las cosas, administración desleal o fraudulenta, manipulación de procesos electorales u ocultación de la situación económica financiera real de la entidad por encontrarse en presunta causa de disolución.

Sobre la presunta manipulación de procesos electorales, Durán Alday explicita en su escrito de denuncia quese pudo "beneficiar a ciertas personas para ser elegidas en condición de miembros de los órganos de gobierno en detrimento de aquellas a las que les hubiese correspondido acceder (...) con el fin de hacer avalar todas las decisiones relacionadas con presuntos falseamientos de las cuentas, habiéndose pues producido presuntas compras de voluntades".

En la denuncia dirigida a Anticorrupción, el demandante incluye también que se investigue a los directivos que en esos años ostentaron funciones ejecutivas. Durante todo ese tiempo ejerció como director general Juan Manuel García Falcón.

Pero es que además el propio Durán Alday se mete en el saco. Pide también que se investigue la labor llevada a cabo por quienes han ocupado un puesto en la Comisión de Control. Él lo hizo. Entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2010, en calidad de vocal y desde entonces hasta abril de este mismo año, como presidente.

Por ese órgano, encargado de fiscalizar las cuentas que el Consejo de Administración formulaba para posteriormente llevar a la asamblea general, donde se aprobaban definitivamente, también han desfilado conocidos nombres de la política canaria.

Entre ellos, el consejero del Cabildo de Gran Canaria Larry Álvarez (PP), el senador por Tenerife Antonio Alarcó (PP) o el exconcejal de la capital grancanaria Miguel Concepción (PP). Los tres cesaron en sus cargos en diciembre del pasado año.