Entre las demandas de Redesscan al Gobierno de Canarias se encuentran las de incluir en la concesión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a los menores de 25 años, los inmigrantes irregulares o a aquellos que cumplen los requisitos para ello conforme a los datos del año en curso, y no a los del anterior, además de a aquellas personas que no tienen hogar. Todos estos colectivos no reciben en la actualidad esta prestación de carácter básico, según denunció la ONG, que ha tenido en sus demandas el apoyo del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y Cáritas Diocesana.

En la actualidad, son 9.000 canarios los que reciben la PCI que concede la administración regional. Precisamente, la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, ya aseguró el pasado mes de junio que el 6% de la población de las Islas se encuentra en 2012 en riesgo de exclusión social. Un dato que no convence en absoluto a las ONG. De hecho, Redesscan ya se ha dirigido a la Consejería para que aclare cuáles son sus fuentes estadísticas y por qué obtienen esa cifra, cuando sus indicadores revelan otra realidad bien distinta.

Aunque desde el Gobierno canario sí se ha convenido desde hace meses que "somos mucho más pobres que hace cinco años", los colectivos no gubernamentales que enfocan su acción a la ayuda social reclaman una reacción más contundente. El riesgo de pobreza en el Archipiélago ha pasado del 24 al 31% desde 2008, y los colectivos enfocados a la ayuda social se temen que la situación pase a un grado aún más crítico.

En Cáritas, que presentó recientemente su informe anual, lo saben bien. En Las Palmas atendieron en el ejercicio anterior a más familias que nunca: 12.358. O lo que es lo mismo, unas 33.000 personas, según sus propias estimaciones. Un 40% de ellas era la primera vez que acudía a sus dependencias en busca de ayuda.

Yiyo Espino, portavoz de Cáritas, revelaba además que la inmensa mayoría (un 94%) que se presentó en su sede había agotado los procesos administrativos, y ni siquiera podían escucharles ya en las instituciones públicas. Un drama que, entre indicadores cruzados y en ocasiones contradictorios según las fuentes, padecen cada vez más canarios.