Jarro de agua fría sobre las aspiraciones de Canarias de mejorar siquiera levemente el próximo año su financiación autonómica y los fondos para hacer frente al coste del sistema de salud pública en las Islas. El Gobierno central ha dejado claro durante los últimos días que el actual sistema de financiación no va a revisarse hasta su vencimiento en 2015, y que tampoco se contempla un cambio de modelo para establecer una financiación finalista de la asistencia sanitaria con actualización anual de las variables, tal como reclama el Ejecutivo canario. De esta forma, los presupuestos estatales del próximo año contendrán un sistema de reparto entre las diferentes comunidades autónomas idéntico al de los últimos años y en el que, según el Gobierno regional, Canarias pierde en torno a los 800 millones al año y acumuló un déficit de financiación sanitaria cercan a los 1.500 millones.

La primera de las negativas le llegó al consejero canario de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde reclamó la convocatoria del comité encargado de vigilar la aplicación del sistema de financiación autonómica y corregir los fallos o desajustes detectados, tal como sugirió la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, al presidente canario en la reunió mantenida hace unas semanas en La Moncloa. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el propio CPFF han dado largas a Canarias sobre esta cuestión y no contemplan ningún escenario de llevar a la agenda de dicho comité la reclamación isleña, según reconocen fuentes de la consejería de Hacienda.

De hecho, en una respuesta escrita del Gobierno a la diputada Ana Oramas se asegura abiertamente que "la primera evaluación de los resultados del actual sistema de financiación se realizará con referencia al año 2013" y que "hasta finales de 2015 no se prevé legalmente la evaluación del sistema a efectos de su posible revisión".

La revisión del sistema de financiación se ha convertido en el auténtico caballo de batalla del Gobierno canario frente al Estado en el actual marco de recortes y del ajuste fiscal de las regiones ya que considera que, sin ese déficit de financiación, Canarias no se habría visto obligada a hacer recortes por valor de 800 millones en su Plan de Estabilidad Financiera para cumplir con los objetivos de déficit establecidos para este año, del 1,5 del PIB regional, y para los dos próximos ejercicios, del 0,7 y del 0,1 respectivamente. La posición de Madrid parece clara de mantener el statu quo en este ámbito.

Lo mismo puede decirse en relación con la financiación sanitaria, sobre la que Canarias ha reclamado que "se diseñe un modelo de financiación que incluya un subsistema finalista de la asistencia sanitaria, diferenciado del resto de servicios públicos fundamentales, con la actualización de variables y que permita una financiación per cápita ajustada para las distintas comunidades autónomas". La negativa del ministerio de Sanidad a esta posibilidad es contundente pese a que el PP de las Islas también lo reclamó con insistencia, cuando gestionaba la consejería, al entonces gobierno del PSOE en Madrid.