La Fiscalía Anticorrupción se opuso ayer a la intervención judicial de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), al entender que esta medida "temeraria" pondría "en peligro" al propio banco y a la economía nacional.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de la investigación, dicha intervención de la entidad financiera para "proteger los derechos de los trabajadores y acreedores", entre ellos clientes de La Caja de Canarias, una de las siete entidades que constituyeron Bankia a principios de 2011. La acusación pidió esta medida cautelar y la sustitución d e los actuales gestores por un administrador, al considerar que existe "riesgo de destrucción de pruebas" por parte del nuevo Consejo de Administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri desde el pasado mes de mayo en sustitución de Rodrigo Rato.

Durante la vista oral, que se prolongó durante más de cuatro horas, fue interrogado un representante legal de Bankia y BFA que, según fuentes jurídicas, defendió la legalidad del proceso de fusión y la gestión del banco, al tiempo que atribuyó las modificaciones en las cuentas a los cambios en la regulación bancaria efectuados por el Gobierno central. Negó, así, manipulación en la contabilidad.

En el turno de conclusiones de la jornada, el Ministerio Público cuestionó la legitimidad de UPyD y el 15-M para plantear la intervención judicial de Bankia. Asimismo, la representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) compartió la postura de la Fiscalía y se opuso también a esta acción. La resolución sobre la intervención judicial o no de Bankia queda ahora en manos del juez y se dará a conocer en los próximos días, añadieron las mismas fuentes.

A raíz de la querella, la Audiencia imputó a los expresidentes de Bankia y Bancaja Rodrigo Rato y José Luis Olivas y a una treintena de exconsejeros del grupo, entre ellos el aún presidente de La Caja de Canarias, José Manuel Suárez del Toro.

Por otra parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) se personó la semana pasada en la causa, pero aún no se ha admitido a trámite su petición como acusación particular, explicó el abogado del bufete Cremades & Calvo Sotelo y portavoz de Aemec, Ignacio Aragón. Este colectivo asesora a más de 3.000 clientes que han perdido su dinero, entre ellos una treintena de canarios, si bien hay cientos de afectados en el Archipiélago.