El proceso de instalación de energías limpias en las Islas se ha convertido en ejemplo del problema que crean algunas administraciones al bien común. Los promotores de parques eólicos no encuentran más que zancadillas que les impiden dar cuerpo a un negocio que, además de suponer un beneficio para el conjunto de la sociedad, generaría una inversión de 1.100 millones de euros, entre parques y sistemas de almacenamiento. Lo último: la existencia de dos balizas de posicionamiento propiedad del Ministerio de Fomento y que dan servicio al aeropuerto de Gran Canaria ha llevado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a desautorizar la instalación de once de los quince parques eólicos aprobados en la Isla.
Aprovechar la energía del viento abarata el coste del sistema eléctrico en el Archipiélago, reduce considerablemente las emisiones de dióxido de carbono y todavía da para aportar oxígeno a las maltrechas arcas de ayuntamientos y cabildos. Además, crearía centenares de puestos de trabajo. Es decir, los ciudadanos ahorrarían en pagos para soportar el sobrecoste que supone la electricidad en Canarias, permisos de emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera y además sus administraciones más cercanas recibirían el 9% de la producción sin dar nada a cambio.
Las trabas administrativas han llevado incluso a los 39 adjudicatarios del concurso eólico de Canarias de 2007 a agruparse en una asociación para que sus reivindicaciones tengan más peso. No niegan que los elementos de comunicación para el transporte aéreo sean necesarios, en mayor o menor medida, pero han solicitado a Fomento un cambio en su ubicación.
"Los técnicos de AENA y AESA no entran en si paralizan el desarrollo de la Isla", explicó el presidente de la asociación, Claudio Palmés. Tampoco parecen tener mucha prisa por moverlos como ya ha sucedido en otros lugares de España. "En Mallorca se trasladaron", afirmó Palmés. Los informes técnicos, encargados tanto por la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias como por los propios promotores, abundan y todos concluyen que las balizas se pueden reubicar sin que eso suponga "ningún tipo de riesgo para la seguridad aérea".
En otros lugares, por ejemplo el aeropuerto de Los Rodeos, el DVOR (Doppler Very High Frequency Omni-Range) está situado al lado mismo de las pistas. En el caso de Gran Canaria, esta baliza, la más utilizada en la aeronáutica mundial actual, se encuentra en Pozo Izquierdo, a más de 12 kilómetros del aeródromo. El real decreto de servidumbres aeronáuticas establece la imposibilidad de colocar estructuras en un radio de 3 kilómetros alrededor de él. Es decir, cercena la posibilidad de instalar parques eólicos en la zona que concentra los vientos más fuertes y regulares de toda Gran Canaria.
La historia se repite con el NDB (Non-Directional Beacon), un emisor mucho más primario colocado en Arinaga. Con el añadido de que este artefacto "solo se ha usado una vez en los últimos seis años", según explicó el presidente de la asociación de adjudicatarios.
Los promotores eólicos no son los únicos que se han dado de bruces contra el enconamiento del Ministerio de Fomento, que dirige la popular Ana Pastor. Hasta el propio Cabildo de Gran Canaria, regido también por el PP, lo ha llevado a los tribunales por bloquear el Plan Territorial de Energía Eólica (PTE-32).
Claro que los empresarios no quieren ni pensar en un eterno conflicto judicial que deje sus proyectos en el cajón durante años. "Gran Canaria necesita soluciones inmediatas y hay que distinguir entre la situación de los parques adjudicados y una cuestión a más largo plazo como es el PTE-32", explicó Palmés.
A día de hoy, los parques eólicos cubren solo el 4% del total de la demanda de energía que existe en las Islas. En la Península, la cifra se eleva hasta el 17%. Se calcula que poner en marcha los proyectos aprobados, rebajaría la factura de energía canaria en 200 millones de euros al año.
