Las dos balizas aéreas que bloquean los proyectos de once nuevos parques eólicos en el Sureste grancanario también impiden la modernización de las plantas actuales. En concreto, de siete de ellas que están igualmente afectadas por las servidumbres aéreas que dispone el Ministerio de Fomento, y no pueden cambiar sus actuales aerogeneradores por otros más altos y potentes. Estos dos faros sónicos, ubicados en Pozo Izquierdo y Arinaga para asegurar la adecuada navegación de los aviones, también bloquean el desarrollo del polígono industrial de Arinaga y más de la mitad del término municipal de Agüimes, y demora el planeamiento del territorio insular. Pero puede ser peor: un informe del Gobierno de Canarias ya contempla que Fomento prepara una regulación aún más restrictiva de las servidumbres, que podría paralizar todas las obras eólicas previstas en la zona.
Las balizas en cuestión (las denominadas DVOR y NDB) ya provocaron el colapso en la aprobación de once de los quince parques licitados en Gran Canaria, dentro del concurso eólico que impulsó el Ejecutivo regional en 2007. Distintos informes desfavorables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) impidieron el impulso de estos proyectos, con una capacidad de 126,1 megavatios. Esto es, el 28% del total de la potencia contemplada en el citado concurso para toda Canarias (440 megavatios).
Las servidumbres aéreas impiden que se levanten estructuras en un radio de tres kilómetros alrededor de las balizas, con una altura máxima de 135 metros en su punto más alejado. Un aerogenerador puede medir fácilmente unos cien metros de altura, con lo que, atendiendo a las leyes, no pueden colocarse cerca de estos focos emisores de señales aéreas.
Por eso la administración estatal también ha emitido informes desfavorables para la ampliación de parques ya existentes, en Santa Lucía, el Barranco de Tirajana, la Finca de San Antonio, La Punta, Bahía de Formas, los Llanos de Juan Grande y cerca de la carretera de Arinaga. Plantas que cuentan con generadores más pequeños, que quieren reemplazar por otros nuevos y más grandes, y para las que se bloquea una potencia extra de 73,4 megavatios.
El problema puede ser más grave para la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, competente para impulsar los procedimientos de plantas eólicas. Pero, sobre todo, para los empresarios del sector, por una parte afectados por esta parálisis administrativa, y, por otra, damnificados por la supresión por parte del Estado de las primas a las energías renovables. Esto es, no pueden empezar a producir, y si lo hicieran, les saldría mucho más caro.
La viceconsejera del área en el Gobierno regional, Francisca Luengo, anunció esta semana que Fomento ni siquiera la recibe para poder negociar el traslado de las balizas, cifrado en dos millones de euros, y que bloquean una inversión de, al menos 600 millones (la de los nuevos parques). Su departamento encargó un informe a la consultora Prointec, en el que, además de evaluar la afección de las servidumbres sobre las plantas, también se señala que "el Ministerio de Fomento comenzó hace dos años la tramitación de un nuevo real decreto de servidumbres". Las restricciones "se extenderían hasta los 30 kilómetros de la ubicación de la radioayuda". De prosperar esta iniciativa, todos los nuevos proyectos de parques eólicos en el Sureste se verían frenados en seco.
Aunque en la práctica, en lo que atañe a Gran Canaria, ninguno de los quince del concurso eólico tiene aún licencia. Si bien once de ellos están afectados por las balizas, dos aguardan todavía por una declaración de impacto ambiental. Los dos restantes están pendientes de un último trámite para obtener la licencia de la administración regional. Aunque las perspectivas para la producción no son buenas, mientras el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no restituya las ayudas a las energías renovables.
