¿Cómo ha acogido la plataforma Stop Desahucios la aprobación del decreto con el que el Gobierno pretende suavizar la ejecución de desahucios en España?

Para nosotros es una burla y un intento más del Gobierno español de tirar balones fuera. No es una solución para las miles de familias que están inmersas de un proceso de ejecución hipotecaria y que van a perder sus casas, ya que las medidas solo amparan a un porcentaje muy pequeño de afectados. Lo que realmente necesita la sociedad es la paralización total de los desahucios, que tenga efecto retroactivo y la dación en pago.

¿Para que servirá entonces paralizar los desahucios durante dos años?

Establecer ese periodo de tiempo no soluciona nada, lo único que hace es retrasar el proceso de lanzamiento. Es decir, alarga el plazo para echar a las personas de sus casas, pero no está dando soluciones que vayan más allá.

¿Los criterios de vulnerabilidad están bien establecidos?

Son criterios muy aleatorios, pues todas las familias que pierdan la vivienda son vulnerables y constituyen casos extremos. No entendemos que el decreto se aplique a partir de unas rentas y a familias con niños menores de tres años. ¿Qué pasa, que los niños de más de tres años no son vulnerables ni necesitan un ámbito de protección familiar? No entiendo a qué llaman vulnerabilidad.

¿En Canarias cuántas personas afectadas hay y cuántas podrán beneficiarse del decreto?

Ese cálculo no se ha podido hacer aún. Lo que sí sabemos es que en las Islas se producen 24 desahucios al día, más o menos la mitad en cada una de las provincias.

¿Qué pasa con esas familias que no cumplen los requisitos de vulnerabilidad establecidos pero que también están en riesgo de perder sus viviendas?

Pues que quedan totalmente discriminadas. El decreto es papel mojado y son medidas que tan solo suponen un teatro más de los políticos. Va a pasar lo mismo que con el Código de Buenas Prácticas de los bancos, es decir, que la capacidad de selección la va a tener la entidad financiera, que nunca ha tenido voluntad de negociar ni de favorecer a las personas que pierden su vivienda.

¿Qué le parece que el decreto no tenga carácter retroactivo?

Mal porque así la medida pierde todo su sentido, ya que hay miles de personas que ya han perdido sus viviendas. No debemos olvidar que quienes se han quedado sin casa están así por las prácticas abusivas de la banca, pues es ésta la que ha sobreendeudado a las familias y la que ha sobrevalorado sus viviendas.

¿Debería haberse contemplado la dación en pago entre las medidas contempladas?

No es la solución más idónea, pero sí es la solución a esa condena hipotecaria que nos imponen después de perder la casa, al tener que seguir pagando una deuda de por vida que nos impide restablecer nuestra economía familiar.

Algunos afectados dicen que estas medidas son un parche a la situación actual. ¿Qué opina?

Esto es simplemente una estrategia política para que el pueblo vea que se está actuando, pero en realidad nos engañan sin aportar soluciones reales. Se están levantando cortinas de humo y ni siquiera lo llamaría parche porque no pondrá fin a la mayoría de los casos.

¿Por qué es necesario un cambio en la ley hipotecaria?

En primer lugar porque se trata de una ley obsoleta que data de 1909 y no está adaptada a la realidad que vivimos. Además, es una regulación que favorece a las entidades bancarias y desprotege a los ciudadanos, como no pasa en otros países europeos donde sí se condona la deuda para que los afectados restablezcan su economía.

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