La Comisión Europea dará hoy un paso más en la aprobación de la directiva de Productos del Tabaco, una norma que ha provocado la alarma en el sector tabaquero de las Islas y del resto del país. El órgano de gobierno comunitario le dará su visto bueno para continuar la tramitación de la misma en el resto de las instituciones comunitarias, entre ellas el Parlamento Europeo, donde la industria y los expendedores confían en que se pueda paralizar o, al menos, modificar. En la misma línea, el Parlamento canario remite a Bruselas la resolución aprobada por unanimidad en defensa del sector tabaquero y contraria a la Directiva.

Canarias se juega cerca de 4.000 empleos directos y un número indeterminado de puestos de trabajo indirectos ligados a sectores relacionados con la venta y distribución de tabaco. La actividad industrial vinculada con este producto tiene un peso cercano al 14% del PIB industrial de Canarias y genera una producción valorada en 250 millones de euros y un importe de compras a otros sectores, como el de etiquetas o empaquetado, de unos 162 millones de euros.

La movilización en contra de esta directiva no sólo ha sido por parte de todo el sector tabaquero, sino también institucional, ya que muchos gobiernos europeos han elevado su protesta por el endurecimiento que refleja la norma sobre todo lo relacionado con el tabaco. En este sentido, la resolución del Parlamento canario recoge parte de estas reivindicaciones.

La Cámara regional demanda alianzas con otros países de la Unión Europea para que las reformas anunciadas por la Comisión Europea se realicen de manera consensuada con todos los agentes económicos y sociales afectados, con el fin de que la directiva no afecte a la competitividad del sector y su capacidad para generar y mantener puestos de trabajo. Asimismo, se considera injustificada la prohibición de los ingredientes habitualmente utilizados por los fabricantes de cigarrillos.

Pero sin duda lo que más llama la atención y perjudica a la venta y distribución de tabaco son las restricciones en la exposición y promoción del producto en los puntos de venta. Si se aplicase la normativa tal y como está planteada, en Canarias habría más de 15.000 establecimientos afectados.

Según los empresarios del sector, en las Islas el problema se agrava en relación con la Península ya que, debido a la libertad de mercado, el tabaco se puede adquirir en cualquier establecimiento que esté dado de alta para tal fin. La adaptación de los puntos de venta para cumplir con esta normativa supondría costosas inversiones.

Otra medida que ha provocado una fuerte polémica y que más afecta al consumidor es la posible prohibición de venta de tabaco a través de las máquinas expendedoras. En Canarias hay más de 10.000 dispositivos de este tipo en bares, cafeterías y otro tipo de establecimientos autorizados.

Contrabando

El sector tabaquero llama la atención sobre una de las principales consecuencias que puede provocar una directiva tan dura y restrictiva y es el incremento del contrabando. Para los tabaqueros, ocultar el producto en los estancos y esconder las marcas "es dar carta blanca al contrabando y tratar como delincuentes a los expendedores que venden un producto legal con autorización del Estado a través de concesiones administrativas".

Según los datos que obran en poder del sector, de 2009 a 2012 se ha pasado de un 3% a un 15% de contrabando, aunque en algunas zonas esta cifra se incrementa por encima del 25% como en algunas provincias andaluzas, gallegas o catalanas.

Pero no sólo se ve perjudicado todo el sector que directa o indirectamente está relacionado con el tabaco, sino también las instituciones a través de la fiscalidad sobre el producto. En el caso de Canarias, el Gobierno regional introdujo hace dos años el impuesto sobre las labores del tabaco con el fin de incrementar los ingresos por este concepto y para el próximo ejercicio prevé un importante aumento de la recaudación, superando los 100 millones de euros. A nivel nacional, la bajada de las ventas y el contrabando ha provocado que el Estado ingrese hasta 1.000 millones de euros menos de lo previsto y una directiva de estas características hará que la recaudación se desplome aún más.

La tramitación de la nueva normativa en los órganos comunitarios continuará a lo largo del próximo año y las estimaciones apuntan a que puede entrar en vigor antes de las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en junio del año 2014. Durante el tiempo que resta, muchos gobiernos europeos, regionales y todo el sector esperan que la Comisión Europea vaya reduciendo las medidas maximalistas que se recogen en la propuesta de la Directiva. De hecho, los últimos borradores conocidos ya no son tan taxativos a la hora de prohibir que aparezca la marca del cigarro en la cajetilla. Lo último que se ha sabido es que las marcas pueden ocupar entre el 20 y el 25% del espacio. También podría haber cambios en la exhibición y venta de las cajetillas, aunque la Comisión Europea no cede en cuestiones como los ingredientes o el tamaño de los cigarrillos.