La pérdida de beneficios de las empresas han conducido la recaudación por el impuesto de sociedades en España a un desplome del 66% entre 2007 y 2011. Así lo expuso ayer el director general de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Diego Martín-Abril, quien explicó en Las Palmas de Gran Canaria las medidas fiscales puestas en vigor por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el pasado año y el actual.

Martín-Abril señaló que en 2007, cuando la crisis comenzó a fraguarse, España recaudó 47.000 millones de euros por el tributo que grava los beneficios que obtienen las empresas. En solo cuatro años, esa cantidad se redujo hasta los 16.000 millones.

El integrante del equipo que dirige el ministro Cristóbal Montoro reconoció que "tanto cambio normativo reduce el principio de seguridad jurídica", si bien explicó que en el contexto actual se hace necesario tomar medidas para que las arcas públicas no pierdan más volumen. Así lo expuso en la jornada formativa promovida por la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias ante decenas de profesionales del sector.

El ejemplo de esas medidas lo constituye el propio impuesto de sociedades. Según el director general de Tributos, el incremento de tipos, en casos hasta el 29%, y la obligación de tributar por rentas que hasta el momento estaban exentas, como los dividendos procedentes del extranjero cuando se cumplían determinadas condiciones, han elevado en 21.000 millones de euros la recaudación en 2012, un 29% si se compara con el ejercicio inmediatamente anterior. En su conjunto, la recaudación estatal logró mejorarse un 4,2%.

Diego Martín-Abril señaló también las medidas antifraude que se han puesto en marcha. "Si hace cinco años pensamos que vamos a tener información de Suiza o Luxemburgo, que ya ha anunciado que aportará datos desde 2015, nadie lo habría creído", expuso y se refirió también al acuerdo de vigilancia e intercambio de información refrendado por España con Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

También llamó la atención sobre las medidas fiscales introducidas por las diferentes comunidades autónomas y más en concreto el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. En ese marco inscribió la decisión del Gobierno central de crear un impuesto a tipo cero. "Analizaremos y veremos qué hacer en un futuro", pero de ese modo desactivan "una competencia fiscal entre comunidades" que Madrid entiende como negativa en un "periodo de reestructuración bancaria" como el actual.

Sin abandonar el ámbito bancario, Diego Martín-Abril expuso que también se ha evitado que las empresas erosionen su base imponible del impuesto de sociedades incrementando sus gastos financieros. "Hay un exceso de endeudamiento en la gran empresa y se han buscado fórmulas para limitarlo", señaló y añadió que de ese modo se está consiguiendo también fomentar la capitalización. En ese mismo ámbito se enmarca la reducción de la tributación de los beneficios no distribuidos. Es decir, la sociedad no reparte lo ganado y el Gobierno central la premia porque esos fondos pasan a formar parte del capital de la empresa.