"Permitir la construcción de nuevos alojamientos turísticos es un modo de desincentivar la renovación de la planta alojativa. Hay que apostar por una o por otra", explicó Paulino Rivero a los asistentes a las jornadas sobre Turismo y Derecho que se celebró esta semana en Infecar. El argumento que expuso el presidente del Gobierno de Canarias es el mismo que ha inspirado el proyecto de ley que se debate en el Parlamento de Canarias, que debería ser aprobado antes del 31 de este mismo mes de mayo, cuando finaliza la prórroga de la actual normativa turística.
La aprobación del nuevo marco legal que ha de regir el sector turístico se encuentra pues en la cuenta atrás, pero ha llegado a su recta final sin haber alcanzado un grado de consenso suficiente respecto a algunas de las cuestiones más candentes: por ejemplo la autorización previa, el papel competencial que ha de jugar cada administración y el alcance de la rehabilitación. Respecto a esta última cuestión, hay unanimidad respecto a la necesidad de mejorar la competitividad del sector turístico canario, pero no sobre el contenido y enfoque que ha de tener esta rehabilitación.
Así, la decisión del equipo de Rivero de cerrar las puertas a la posibilidad de construir nuevos hoteles de cuatro estrellas en espacios ya consolidados es una medida unánimemente contestada por el sector empresarial, que considera que el dinamismo del sector turístico requiere compaginar el proceso de rehabilitación con nuevas ofertas acordes a las cambiantes tendencias y gustos de los turistas, que no siempre es posible realizar con los incentivos a la rehabilitación.
La teoría del Gobierno de que "abrir la mano a la posibilidad de nuevos alojamientos supone que los empresarios apuesten por esta vía y no por la rehabilitación" es cuestionada por la anterior experiencia que ha vivido el sector turístico a lo largo de su historia. De tal forma que la primera moratoria que promovió e inspiró Ashotel tuvo ese mismo objetivo: paralizar la creación de nuevas plazas turísticas en el sur de Tenerife para "obligar" a la rehabilitación del Puerto de la Cruz. Más allá del efecto inicial de propiciar que se agilizaran las construcciones que ya contaban con licencia, aquella iniciativa no tuvo los efectos buscados como mecanismo de incentivación de la rehabilitación y el Puerto de la Cruz apenas se rehabilitó a lo largo de esta pasada década. Esta comenzando a hacerlo ahora a través de los planes de modernización. Sin embargo, las mismas tesis y los mismos inspiradores son los que sostienen ahora, desde el Gobierno de Canarias, el argumento de la necesidad de bloquear los hoteles de cuatro estrellas de nueva construcción -que solo será posible en contadas ocasiones para quienes cuenten o acudan al banco de camas generadas por la rehabilitación, con el consiguiente incremento del coste del nuevo alojamiento hotelero-.
Hoteles de cuatro estrellas
Por otro lado, la distribución de camas por categorías no es homogénea en todas las islas, de tal forma que Tenerife cuenta con una amplia oferta de hoteles de cuatro y cinco estrellas (más del doble de sus 88.217 alojamientos hoteleros: 63.469 frente a los 24.478 de tres o menos estrellas), mientras el resto de las tres grandes islas turísticas tiene una oferta de este tipo más limitada: Gran Canaria, con 62.641 hoteles, tiene sólo 34.223 de cuatro y cinco estrellas y los restantes 28.418 de categoría inferior. En Fuerteventura la proporción de 31.704 de alta calidad y 12.556 de media y baja, con un total de 44.271 plazas alojativas. Y Lanzarote tiene una planta hotelera de 36.975, de las que 23.376 corresponde a las categorías más altas frente a 13.599 hoteles de tres o menos estrellas. De ahí que destinos como Gran Canaria o Fuerteventura hayan defendido la necesidad de dotarse de un mayor número de hoteles de cuatro y cinco estrellas, llegando el Cabildo de Gran Canaria a sostener que "la nueva legislación parece elaborada para beneficia una isla más que a otra".
Pero la gran novedad sobre los procesos de rehabilitación urbanística general, según explicó en su ponencia en las mencionadas jornadas el magistrado Rafael Fernández Valverde, es el límite al uso de la propiedad que contempla el proyecto de ley estatal de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que se tramita en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa afecta también a los procesos rehabilitadores en el turismo, de tal forma que "contempla el supuesto concreto de lími-tes al uso de la propiedad por motivos turísticos".
La figura del agente rehabilitador, que también contempla la legislación canaria, va a abrir nuevas posibilidades de negocios que tienen mucho que ver con la reactivación del sector de la construcción -tanto para alojamientos turísticos como para viviendas-, pero va a tener "nuevas y mayores limitaciones por parte de las administraciones, vinculadas a su deber de rehabilitar". Y ello, tanto si el rehabilitador es el propietario o actúa en su nombre a través de cualquier otra figura turística, de forma individual o colectiva.
Un debate, el de las limitaciones del uso a la propiedad, que se ha recrudecido estos días en Gran Canaria en torno a la decisión del Cabildo de proteger el oasis de Maspalomas, limitando con ello el alcance de algunos de los proyectos de inversión en esta área, pero sin cuestionar la inversión en sí (más información página 23). De tal forma que no solo la condiciona en el sentido que apuntan los dos borradores legislativos, estatal y autonómico, sino que apunta a la necesidad de realizar rehabilitaciones integrales. En este sentido, Fernández Valverde precisó que "hasta ahora las rehabilitaciones no han sido más que renovaciones parciales" y abogó por una nueva concepción urbanística, que denominó Sociología del Urbanismo, donde para la renovación de barrios y núcleos urbanos completos se cuenta no sólo con los arquitectos e ingenieros, sino con psicólogos, sociólogos y los propios vecinos.
Pequeño-gran inconveniente
De "pequeño-gran inconveniente" calificó, por otro lado, Paulino Rivero los problemas de financiación con que ha de llevarse a cabo los procesos de rehabilitación, y que afectan tanto a los alojamientos turísticos como la reposición de viviendas, los dos pilares que el Gobierno de Canarias considera prioritarios para dinamizar el sector de la construcción. Recordó que este sector contará con otros 100 millones de crédito del Banco Europeo de Inversiones, concedidos el pasado mes de marzo y en fase de negociación con dos entidades bancarias para su ejecución en Canarias. Y añadió que el Ejecutivo ha desviado 75 de los 150 millones de euros inicialmente previstos para parques tecnológicos para nuevas tecnologías en el turismo. No obstante, ante la carencia de financiación en este período de crisis, el Gobierno, como se sabe, ha apostado por otros incentivos económicos para animar a la rehabilitación en el sector turístico: lograr más edificación o más camas como "premio" al rehabilitador.
El ministro de Industria, Turismo y Energías, José Manuel Soria, se refirió a la financiación como uno de los principales problemas a solventar y apuntó la reactivación de las líneas ICO como la vía idónea para dinamizar el acceso al crédito. También el magistrado calificó de "clave" este capítulo, considerando que "ha terminado el momento del planeamiento y ha llegado la hora de los convenios de gestión urbanística". En este sentido añadió que "una rehabilitación no se puede llevar a cabo solo por el Estado o las comunidades autónomas, y defendió el recurso al convenio y a los consorcios como mecanismos de coordinación entre las partes afectadas por un proceso rehabilitador".
Un texto complejo y sensible
De momento, el borrador de la nueva ley turística canaria sigue su trámite para clarificar esta nueva actividad rehabilitadora que ganará protagonismo en los próximos años, según todos los expertos. Un texto calificado de "complejo y sensible" por la directora general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Rosa Martínez, y que ha sido tan enmendado que "el texto que remitió el Gobierno no va a ser el que finalmente salga del Parlamento".
En total han sido 163 las enmiendas presentadas por grupos parlamentarios: 60, los populares; 41, el grupo mixto y 31 cada una de las dos fuerzas políticas del Gobierno, el PSC-PSOE y CC.
Para complicar aún más la cuestión, en el Congreso de los Diputados ha entrado una proposición de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que afecta también al sector turístico y por tanto a la nueva normativa canaria, tal y como advirtió Rafael Fernández Valverde en el transcurso de las jornadas.
El magistrado especialista en derecho urbanístico advirtió que "aunque la norma canaria va más avanzada que la estatal, sería conveniente que ambas se coordinaran antes de su aprobación". Añadió que "tramitar una de espaldas a la otra implica el riesgo de que algunas cuestiones acaben en un conflicto de competencias" e hizo el siguiente llamamiento: "no enfrentemos a los Parlamentos, habría que evitar que se termine acudiendo a los jueces, que bastante trabajo tienen ya".
Fernández Valverde realizó un breve repaso por la historia del derecho urbanístico para llegar a la conclusión de que "nos encontramos en un momento histórico desde el punto de vista urbanístico" y concluyó su intervención afirmando que, en un lugar como el Archipiélago, "la renovación turística es nuestra razón económica de vivir".
