El Gobierno central vuelve a la carga en su intento de reducir las subvenciones al transporte aéreo en Canarias. Esta vez de la mano de un proyecto legislativo que nada tiene que ver con el transporte ni con los Presupuestos Generales del Estado, pero afecta al Ministerio de Fomento, cuya titular, Ana Pastor, ha mantenido en los últimos meses en reiteradas ocasiones que no reducirá el actual porcentaje de subvención -el 50 %- y que mantendrá todas las ayudas. Sin embargo, una enmienda del PP al Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas aboga por dejar al margen de la subvención las tasas aeroportuarias, que suponen hasta el 9,5 % del precio final del billete.

En detalle, la enmienda propone que las bonificaciones de las que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se apliquen a parte de las tasas aeroportuarias "con independencia de que hayan sido repercutidas o no" al precio final que paga el pasajero. La entrada en vigor tendrá lugar mediante el añadido de un párrafo a la disposición adicional decimotercera de los presupuestos estatales de 2013, que regula el actual régimen de subvenciones.

El texto concreto de la enmienda señala que, "a los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se deducirá el importe a las prestaciones patrimoniales públicas (tasas) de seguridad, salida de pasajeros y personas con movilidad reducida" que prestan los aeropuertos, "con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero". Además, detalla que los precios de las tasas "deberán ser desglosados en la documentación justificativa de los cupones de vuelo".

Hace referencia por tanto a tres puntos del artículo 68.2 de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, que detallan las tres tasas que quedarán fuera de las ayudas: servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los recintos aeroportuarios; utilización de zonas terminales aeroportuarias no accesibles a los visitantes, y facilidades aeroportuarias complementarias.

Tampoco se bonificará, según la enmienda del PP, la parte correspondiente a los servicios que permiten la movilidad general de los pasajeros y la asistencia necesaria a las personas con movilidad reducida para permitirles desplazarse desde su llegada del aeropuerto hasta la aeronave, o desde ésta a un punto de salida. Según el PP, este ajuste "introduce elementos adicionales de transparencia y resulta acorde con la práctica habitual existente en la actualidad".

Esta medida para tratar de reducir la subvención a los billetes aéreos viene tras la polémica desatada hace meses cuando el Ministerio amagó con establecer una tarifa máxima bonificable, que fue parada tras la rebelión emprendida por los gobiernos de Canarias y Baleares, cuyo presidente, José Ramón Bauzá (PP), se había mostrado indignado con la medida.

La diputada canaria del PP Matilde Asián desconocía ayer la propuesta de sus compañeros y no escondió su sorpresa por la iniciativa, tanto por el contenido en sí como por el hecho de que se utilizara un texto legislativo sin aparente relación con la medida. Asián aseguró también desconocer qué incidencia real tendrá en el funcionamiento del actual régimen de subvenciones o la cuantía del porcentaje del coste del billete que se quedará sin subvención.

En otra enmienda del PP, también en referencia a la Ley de Seguridad Aérea, se habilita expresamente al Gobierno para establecer el contenido mínimo de los planes de asistencia a las víctimas y sus familiares en casos de accidente aéreo, atendiendo a las orientaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil en la materia. También se incluye como infracción administrativa muy grave el ejecutar "deficientemente" el plan de atención a víctimas de accidente y no solo su no aplicación.

Durante el pasado mes de septiembre se abrió el debate del recorte de las ayudas para viajar desde o hacia Canarias sobre la base de fijar una cuantía máxima a partir de la cual no se subvencionaría el precio del billete. Con anterioridad también se puso sobre la mesa la posibilidad de dejar fuera a la primera clase del efecto del 50ç5 de subvención en los trayectos entre las Islas y la Península. Ambos amagos del Gobierno central fueron saludados con cajas destempladas por parte del Ejecutivo canario, las patronales y las asociaciones de consumidores del Archipiélago.

Si bien la ministra de Fomento puso fin al debate asegurando que se mantendrían los descuentos en la misma proporción, la puerta no se cerró del todo a la posterior fijación de "cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo distinguiendo entre diferentes mercados afectados", tal y como se recogió en el articulado del proyecto de presupuestos del Estado para 2013.

Primero, el certificado

Aquel debate se produjo en las semanas en que comenzaba a operar la obligatoriedad para los viajeros de acreditar su residencia en territorios extrapeninsulares hasta la misma puerta de embarque. Para ello, el Ministerio de Fomento obligó a portar el certificado de residencia expedido por los ayuntamientos.

El departamento que dirige Ana Pastor señaló entonces que era el modo de poner coto a prácticas irregulares tales como mantener en el documento nacional de identidad la residencia en un municipio canario al solo efecto de gozar de los descuentos para el transporte.

Pocos días después, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una entrevista en LA PROVINCIA aseguró que "el descuento para residentes" seguiría "siendo del 50 %". Soria despejaba las dudas, a pesar del contenido del proyecto de presupuestos con un "no habrá recortes"

Sin embargo, y a la vista del texto con que se enmienda la ley de renovación urbana, el debate no estaba cerrado del todo y Fomento aguardaba el mejor momento para retomarlo.

En un billete para volar de Gran Canaria a Madrid el próximo sábado, las tasas son de 9,55 euros, el 9,4% del precio del billete. En otro para viajar de la Isla a Tenerife Norte el jueves de esta misma semana, esas tasas bajan a los 2,81 euros, el 6,7% de la cuantía a abonar.