La Justicia les está dando la razón a los controladores aéreos sobre lo ocurrido el puente de diciembre de 2010, pero aún quedan causas pendientes. ¿Cuál es el panorama actual?

De las más de 30 diligencias que se abrieron por esos sucesos, a día de hoy todavía están sin cerrar las investigaciones en siete juzgados: Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid... y hay 300 compañeros a la espera de que se resuelvan.

¿Se siente ustedes más comprendidos por la sociedad?

Sentimos que estamos por buen camino, sobre todo, cuando hay juzgados y fiscales que insisten en que nuestro comportamiento no fue, en ningún caso, delictivo. Somos trabajadores que hacemos una labor delicada y de mucha responsabilidad y eso es lo que intentamos hacer llegar a la sociedad.

¿Puede volver a pasar lo ocurrido hace casi tres años?

Honestamente creo y espero que no. El planteamiento agresivo del Ministerio de Fomento de José Blanco no tiene parangón.

El gremio demanda desde hace años que se forme a más controladores. ¿Cree que se les ha escuchado?

En el año 2000 hubo un esfuerzo importante en la formación de controladores pero a partir de 2007 no se convocaron más plazas. Ahora ha habido un cambio de modelo en el cual se liberaliza la formación y el control de los aeródromos y se reduce mucho los contenidos de los cursos, pasando de un periodo de aprendizaje de dos años y medio a otro de menos de un año.

¿Se puede aprender lo mismo en menos de la mitad de tiempo?

Estos nuevos cursos enseñan a controlar la torre pero sin contemplar su entorno. Es una formación menos completa que la que estaba históricamente instaurada en España y en Europa. La teoría la dan escuelas privada y públicas que cobran 40.000 euros a cada alumno y la formación en las torres se la dan los compañeros de AENA.

¿Y qué efectos produce que los controladores tengan una formación más limitada?

Lo que se ve penalizado es la celeridad de los aeropuertos. Se ve mermada la rapidez en la toma de las decisiones y, por tanto, hay menos volumen de tráfico aéreo.

¿Cree que Fomento se ha fijado objetivos más económicos que orientados a la seguridad?

Lo económico ha sido muy importante, eso es evidente. Ha sido el punto de arranque para la privatización, pero la seguridad no es una opción, tiene que garantizarse sí o sí. Hay que poner barreras y la formación es una de ellas.

¿Son complicados los aeropuertos canarios para la labor que realizan los controladores?

Sí, sin duda. La Palma tiene menos tráfico pero es un lugar complejo por su orografía y meteorología. En cambio Lanzarote y Fuerteventura no tienen esas dificultades pero sí por registrar un alto volumen de tráfico.

¿Las compañías aéreas de bajo coste complican la labor de los controladores aéreos?

Han generado un cambio en el entorno en el que trabajamos. Las compañías de bajo coste ofrecen precios razonables para el usuario pero no se pueden dar unos precios que no permitan garantizar la seguridad. Esa cuestión la articula, además de la compañía, la Agencia Española de Seguridad Aérea.

¿Les afecta de algún modo la posible privatización de AENA?

El cambio de modelo supone que la gestión de la navegación aérea y de los aeropuertos se separa. Así que el proceso nos afecta pero de manera colateral.

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