La nueva directiva europea sobre extracción de petróleo o gas en alta mar, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 21 de mayo, mantiene aún sombras de dudas en distintos aspectos que afectan a los proyectos de Repsol en aguas cercanas a Canarias. Por ejemplo, la nueva normativa no aclara las obligaciones reales de la operadora en caso de vertido y en qué medida debe hacerse cargo de la limpieza del área afectada.

Así lo vinieron a reconocer ayer en Madrid algunos funcionarios de la dirección general de Energía de la Comisión Europea que han participado en la elaboración de la directiva, a la que consideran un "hito" en la política de garantías medioambientales en la actividad petrolera en alta mar, pero aún con algunas cuestiones por clarificar y "sobre las que se está trabajando".

Durante una jornada de debate en Madrid en torno a la seguridad en las operaciones petrolíferas offshore, organizada por el Club Español de la Energía, estos responsables de la UE reconocieron abiertamente los "altos riesgos" que comportan la extracción de petróleo o gas en alta mar, y destacaron que la directiva trata de "minimizar y controlar los daños posibles", así como obligar a las empresas operadoras a responsabilizarse de sus consecuencias. Pero no queda claro que en caso de vertido, esa responsabilidad alcance a la obligación de limpiar las aguas y zonas marítimas afectadas, según reconoció el holandés Arthur Van Dalen, que trabaja para el Ejecutivo comunitario en esta materia.

Según este funcionario de Bruselas, "el agente contaminante es el que tendría que encargarse de la limpieza, pero este punto todavía no está muy claro y tendremos que remitirnos a los daños tradicionales, como por ejemplo la pesca".

Va Dale aseguró que la directiva es de entera aplicación para Repsol en Canarias, pero reconoció que en ella no se contempla como factor añadido de riesgo de incidente la posibilidad de seísmos como los que se han producido en la zona esta semana.

Su compañero Joerg Koelhi dijo por su lado que "los gobiernos deben tomar todas las medidas para garantizar la seguridad de sus operaciones" y dejo claro que "el riesgo para personas y medio ambiente no se puede subestimar".

En relación con el plazo de aplicación de la normativa recordó que hay dos años para transponerla a la legislación de cada país miembro para el caso de nuevas instalaciones, y de cinco años para las ya existentes. Dejó dudas sobre el plazo que afecta a los proyectos que cuentan ya con autorización para las prospecciones, pero no para la perforación de pozos o extracción de crudo, como es el caso de Repsol.