La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, celebró ayer la superación de uno de los escollos que impedían la instalación de los 440 megavatios de potencia eólica adjudicada en el concurso de 2007. La aprobación de la tarifa, que según avanzó el viernes el ministro José Manuel Soria oscilará entre los 85 y los 90 euros por megavatio a la hora, permitirá a juicio de la consejera abrir "la primera página del capítulo de la inversión". Es decir, podrán iniciarse los trabajos previos para la construcción de 39 parques eólicos, que supondrán una inversión de "unos 600 millones" de euros "y la creación de 3.500 puestos de trabajo".
La orden ministerial con la cifra concreta que percibirán los promotores eólicos por la producción de sus aerogeneradores entra mañana en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pero por lo que ha avanzado el ministro "está cerca de lo que solicitaba Canarias", explicó la consejera.
El desbloqueo es "fruto de un trabajo largo, riguroso y de consenso entre el Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Energía", según expresó ayer Luengo, "de varios meses de gestiones en el Ministerio de Industria con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal".
En cualquier caso, a la energía eólica le restan por salvar varios obstáculos. El primero de ellos, también aparentemente superado, pasa por que el Consejo de Ministros dé luz verde a las infraestructuras necesarias para que los parques puedan verter la energía a la red. Otro capítulo que parece caminar a buen ritmo es el de las autorizaciones administrativas, que en casos se han eternizado en el departamento de Medio Ambiente canario. Además, hay que convencer a los organismos dependientes del Ministerio de Fomento con competencias en tráfico aéreo -AENA, AESA y Aviación Civil- de que es factible evitar interferencias en los instrumentos de seguimiento de los vuelos y establecer excepciones a las servidumbres aéreas para permitir la instalación de los molinos en la zona de mayor influencia de viento de Gran Canaria.
"Por cada 15 millones de euros que se inviertan en el sector de las renovables, ahorramos al sistema 150. Por tanto, es indiscutible la necesidad de desarrollar estas energías en las Islas", señaló Luengo. Así lo entiende también Soria y, por eso, solo en Canarias y Baleares se permitirá la instalación de más generación del régimen especial.
No todo fueron parabienes por parte de la consejera de Industria, a la que, en conjunto, la reforma del sector no le ha gustado por hacer recaer 1.800 millones de euros del déficit anual de tarifa sobre los ciudadanos. Como consumidores abonarán 900 millones, que se recaudarán mediante la subida del 3,2% del recibo de la luz -25 euros más al año-. Los otros 900 millones se cargarán en los Presupuestos Generales del Estado o, lo que es lo mismo, la caja que anualmente se llena con los impuestos.
A juicio de Luengo, el paquete normativo es solo "un ajuste económico que le ha pedido la UE a Rajoy para recuperar el dinero prestado a España, y que está incluido en los 26.000 millones del Plan de Reformas que presentó Rajoy".
