Empleo retira la prestación a 8.450 parados en Canarias en cuatro meses

Estos datos llegan hasta abril del presente ejercicio porque el 23 de mayo una sentencia del Tribunal Constitucional, a instancias de la Generalitat de Cataluña, devolvió las competencias en esta materia a las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, en estos momentos se está en el proceso de traspaso de información y gestión al Servicio Canario de Empleo, según informó el director provincial en Las Palmas y coordinador regional del SEPE, Pedro Duarte.

Las bajas en prestaciones (subsidio de desempleo, renta activa de inserción y pensiones contributivas) no siempre llevan aparejadas la extinción de la ayuda, sino su suspensión durante uno, tres o seis meses, en función de la gravedad de la infracción.

En este sentido, de los 8.450 beneficiarios que han dejado de percibir prestaciones por desempleo en 2013, 6.634 son personas que incumplen los requisitos pero podrían haber recuperado la prestación pasados dichos meses.

Las 1.864 restantes se han quedado sin ayuda por fraude laboral (212 beneficiarios) o por haberse verificado el incumplimiento de los criterios para cobrar las prestaciones. De éstas, 983 son beneficiarios de la provincia de Las Palmas, 142 de los cuales han sido detectados por la Inspección de Trabajo por irregularidades y 771 por no cumplir los criterios, como por ejemplo, personas a las que les ha tocado la Lotería o han salido de vacaciones fuera de su lugar de residencia y en ambos casos no lo comunican, no han hecho cursos o han rechazado trabajos.

En 2012, 9.637 dejaron de percibir la prestación en Las Palmas y 10.152 en la provincia oriental, un total de 19.789 personas a las que hay que sumar alrededor de 1.000 perceptores de prestaciones que salieron del territorio nacional sin haberlo comunicado. De ellas 383 fueron bajas por fraude laboral detectado por la Inspección. Estos datos forman parte de los 60.004 beneficiarios a los que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social les ha retirado la prestación en lo que va de año a nivel estatal, como anunció la ministra Fátima Báñez, en una carta abierta a los medios de comunicación el pasado lunes, en la que apuesta por la lucha contra el fraude laboral y acabar con la economía sumergida. Además, anima a los ciudadanos a delatar a quienes defraudan a través de un buzón en la página web del Ministerio de Empleo.

Este sistema de denuncia fue ayer duramente criticado por los sindicatos CC OO y UGT, que lo calificaron como una ocurrencia peligrosa, orientada a suplir las carencias que tiene la Inspección de Trabajo, como consecuencia de los recortes presupuestarios.

De otro lado, el responsable de empleo de UGT, José Ramírez, consideró ayer que las cifras de la ministra están "maquilladas", porque sólo se centra en este tipo medidas para acabar con la economía sumergida pero no dice nada sobre "el empleo gris", o lo que es lo mismo, contratos de dos o tres horas si bien se trabaja durante toda la jornada y se cobra esa parte de forma irregular. Indicó que este tipo de fraude está muy extendido en Canarias pero " no le interesa sacarlo para que no compute como paro".

Para Carmelo Jorge, portavoz regional de CCOO, las cifras no se corresponden con la realidad, porque "no se retiran solo prestaciones por rechazar un trabajo o por no ir a un curso. Esas ayudas se pueden volver a cobrar en unos meses, pero el problema es que el 80% de las personas no lo saben y no recurren".

El Gobierno de Canarias aprobó a finales de junio un plan de lucha contra la economía sumergida, donde se propone crear un canal confidencial para encauzar las denuncias ciudadanas de actividades relacionadas con el fraude.