El presidente de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer que se entrevistará con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el próximo día 18 de septiembre para explicarle los perjuicios que causará en el Archipiélago el cierre de 54 oficinas de la entidad bancaria. El Ejecutivo canario se suma así a la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Cabildo, que tambien han alzado la voz contra la decisión. Cientos de ciudadanos se verán obligados a recorrer incluso más de 20 kilómetros para acceder a un servicio bancario desde el momento en que comiencen los cierres de sucursales el mes próximo. Fuentes de Bankia señalaron ayer su "absoluta disposición" a buscar soluciones.
El banco que estuvo integrado por La Caja de Canarias junto a Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Segovia y Caja Rioja adelgazará además su plantilla en 167 trabajadores. Es el traslado que hace a las Islas del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado con los sindicatos en febrero y que contempla la salida de 4.400 empleados y el cierre de 1.100 oficinas en toda España.
La reducción de tamaño de la entidad -alrededor del 60%- es fruto del plan de obligado cumplimiento diseñado por Bruselas para las entidades españolas nacionalizadas y que, por tanto, han necesitado de fondos públicos para serguir adelante. La primera lectura de las exigencias de la Comisión Europea arrojaban un número de despidos incluso mayor -6.000- y el cierre de un tercio de las oficinas.
El encuentro de Rivero con Goirigolzarri no servirá para variar el tamaño del recorte en las Islas. El sucesor de Rodrigo Rato tiene una hoja de ruta que, en este caso, ni siquiera ha diseñado en el trazo grueso. Eso sí, será útil para hacer el ajuste fino y suavizar los perjuicios causados a los ciudadanos. Desde Bankia se asegura que la predisposición para ello es total y ya se barajan fórmulas como una ofiguagua itinerante que pase por los municipios y enclaves que quedaránn desbancarizados. En el caso de La Graciosa, la opción más probable es el mantenimiento de un cajero automático.
El primer capítulo en esa introducción de matices en el plan de ajuste anunciado se escribe hoy. El director territorial de Bankia en Canarias, David López, recibe en su despacho de la calle Triana de la capital grancanaria a la alcaldesa de Artenara, Eva Díaz, y su homólogo en Tejeda, Francisco Perera.
Los ciudadanos de estos municipios son de los más damnificados. Las oficinas que fueron de La Caja echarán el cierre el mes próximo y no hay ningún otro banco en sus lindes. Integran el grupo de los territorios que Bankia contempla cubrir con una oficina itinerante.
Y no son los únicos enclaves de Gran Canaria que se verán en esta circunstancia. El casco de Santa Lucía de Tirajana, con una población de unas 700 personas, la mayor parte de avanzada edad, es otro d elos puntos negros del ajuste. El alcalde, Silverio Matos, ya ha advertido que se va a reservar "todas las medidas de presión necesarias para que los vecinos sean atendidos".
El portavoz de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas, animó tanto a la institución insular como al Ejecutivo autonómico a "replantearse mantener sus fondos" en Bankia si no hay marcha atrás en su decisión. Mientras, el portavoz de NC, Carmelo Ramírez, anunció la presentación de una moción que buscará también que los rectores de la entidad reconsideren su decisión.
