La maraña burocrática lastra la energía eólica en las Islas desde el final de siglo

Canarias tiene instalados 139,4 megavatios de potencia mientras otros 439,5 esperan hace seis años

20.10.2013 | 02:10

En 1997 se falló en Canarias el último concurso de adjudicación de potencia eólica destinada al vertido de energía en la red eléctrica. Se circunscribía a La Palma y ponía en juego una reducida cuota de potencia. Un año antes, otras dos convocatorias habían determinado el mapa de aerogeneración que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Por el camino, concursos fallidos y trabas de toda índole han impedido que el Archipiélago se sitúe a la cabeza del Estado en aprovechamiento de la fuerza del viento para obtener electricidad. Sirva un dato, las Islas suman 139,4 megavatios de potencia instalada mientras otros 439,5 esperan entrar en funcionamiento desde hace seis años.


El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que reúne a los empresarios del sector del país, Luis Polo, destacó esta semana las "envidiables" condiciones de viento con que cuenta Canarias. Sin embargo, los parques no se instalan y por cada tres días que pasan sin que giren las aspas de los molinos "se deja de ahorrar un millón de euros", afirma el presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico, Claudió Palmés.


Canarias supone al sistema eléctrico español un sobrecoste que supera los 1.000 millones de euros, que se verían reducidos en buena medida desde que los aerogeneradores comenzaran a producir. Eso sin contar el ahorro en emisiones de gases nocivos al aire que respiramos.


Todas estas ventajas que nadie niega confieren al lento ritmo de penetración de esta energía la categoría de misterio de complicada explicación. El presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, en su libro de reciente publicación Canarias. La Transformación (Ecopress Comunicaciones, 2013) se hace eco del problema: "No se instala un megavatio nuevo desde mediados de los noventa", señala, circunstancia de la que responsabiliza a una "forma de planificación" urbanística "en espiral" que "raya en lo absurdo". Y es taxativo al explicar por qué no ha sido posible instalar ni uno solo de los 439,5 megavatios adjudicados en 2007: "La legislación territorial lo impedía en todos los casos y en todas las islas".


Tanto es así, que tras acceder al cargo de consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en el comienzo de este año, Francisca Luengo anunció que se declararía el interés general de estas instalaciones, lo que les evita colisionar con el urbanismo de los diversos niveles de la Administración.


"La oportunidad hay que aprovecharla y no pueden pasar tantos años para aprobar un planeamiento", expresó el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Ernesto Pérez, abundando en las dificultades que encuentran. Desde hace años vinculado al negocio eólico, sitúa en 1995 la última autorización de un parque de desarrollos eólicos con la simple petición de autorización, en concreto el situado en el barranco de Tirajana.


Fue el exconsejero de Industria del Ejecutivo autonómico José Manuel Fiestas Coll quien instauró la fórmula del concurso para regular el desarrollo e implantación de la energía eólica en las Islas. Tras fallarse la convocatoria para la isla de la La Palma del año 1997, se produjo un parón que el presidente de Aeolican califica de "travesía del desierto". El resultado fue que las Islas, que se habían situado en el furgón de cabeza del Estado en implantación de aerogeneradores, quedaron relegadas a la cola.


Para colmo de males, cuando en 2004 el Gobierno canario volvió a ofertar potencia eólica, el asunto acabó en los tribunales con el exdirector general de Industria Celso Perdomo como principal imputado en una causa abierta ante el supuesto trasvase de información privilegiada a determinados empresarios para favorecerles en el certamen.


"Aquel concurso no se paralizó por cómo acabó todo, sino por el recurso de una empresa contra el decreto que definía los parámetros por los que debían regirse los concursos", matizó Pérez. Lo cierto es que la relevancia que tomó el caso habría desaconsejado seguir adelante con el reparto de potencia, por lo que el Ejecutivo decidió hacer borrón y cuenta nueva previa indemnización a los adjudicatarios.


En 2007 fue cuando se pusieron en juego los 439,5 megavatios que permanecen a la espera de poder instalarse. Tampoco fue una convocatoria del todo afortunada, ya que no incluyó la planificación necesaria para que los molinos pudieran verter la energía a la red. No ha sido sino hasta este año cuando Luengo ha logrado desatascar esa situación acordando con Red Eléctrica de España (REE) la construcción de dichas infraestructuras.


Por el camino, el Gobierno de España suspendió el pasado año el régimen de preasignación de tarifa al que se acogían los parques eólicos de las Islas. Hasta esta misma semana los promotores no han sabido qué retribución recibirán por cada megavatio hora que produzcan sus molinos (84 euros). Tan escamados están que ni con eso lanzan las campanas al vuelo, prefieren esperar a verlo por escrito en la correspondiente orden ministerial.


Hay más. El lento caminar de la maquinaria medioambiental regional y posibles interferencias de los aerogeneradores con los instrumentos de seguimiento de vuelo del aeropuerto de Gran Canaria terminan de agriar el cóctel de despropósitos mientras el sistema eléctrico español continúa pagando la energía en las Islas a un precio muy superior a lo razonable.

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