La consejera de Industria del Gobierno canario, Francisca Luengo, trasladó ayer al comité de empresa del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) su propuesta para solventar el expediente de regulación de empleo (ERE) que pende sobre la empresa pública en los presupuestos autonómicos de 2014. Según el proyecto presupuestario la plantilla debe pasar de los 164 empleados actuales -ya reducida por anteriores regulaciones- a un total de 89.

Tal y como adelantó LA PROVINCIA en su edición del domingo, el ITC se dividiría en dos, de tal forma que una parte la asumiría la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) y la otra se integraría en la Fundación Parque Científico Tecnológico, entidad dependiente del Cabildo grancanario y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Los trabajadores tendrán hoy una asamblea para decidir su postura en relación con la propuesta de Industria aunque, en un principio, el comité de empresa se muestra remiso a aceptar lo que consideran un "desmantelamiento" de la empresa.

El presidente del comité, Héctor Mendoza, apuesta por que el Cabildo y la Universidad entren en el ITC más que porque la empresa se fracture en dos ya que no estarían garantizados los puestos de trabajo de la mayoría de los empleados, que se encuentran en Gran Canaria, repartidos entre las instalaciones tecnológicas de Pozo Izquierdo, Arinaga y Tafira y los centros administrativos de Agüimes y la capital grancanaria.

No obstante, Luengo sólo ha realizado la propuesta y ahora está por definir el detalle de la misma, sobre todo el encaje jurídico que se le daría a la nueva fórmula para garantizar la legalidad de la misma, salvaguardar el empleo y que tanto la Universidad como el Cabildo grancanario reciban los fondos suficientes de la Comunidad Autónoma para asumir la nueva estructura.