La Administración Tributaria reclama 2,3 millones a Miguel Ángel Ramírez Alonso por un fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social supuestamente cometido en 2008 y 2009 a través de Seguridad Integral Canaria, una empresa líder en el sector de la vigilancia privada con importantes contratos en el ámbito nacional vinculados a las instituciones públicas.
La investigación de la delegación tributaria en Las Palmas comenzó a mediados del año pasado por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos, cuya responsable en la provincia, Eva Ríos, se querelló el 23 de enero contra el empresario tras recibir las conclusiones de los inspectores de Hacienda.
La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora deberá interrogar a Ramírez por un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, entre otras diligencias de investigación solicitadas por la fiscal, las cuales están orientadas a esclarecer un fraude sistemático en el pago de la nómina a los empleados de Seguridad Integral Canaria (SIC).
Según la Agencia Tributaria, Ramírez, en calidad de administrador único de SIC , ha abonado a sus vigilantes las horas extraordinarias fuera de la nómina o enmascaradas en otros conceptos que tienen una tributación menor, incluso que están exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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