Novacaixagalicia

La cúpula de NGC, a juicio por la indemnizaciones millonarias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acusa a cinco directivos de un delito de apropiación indebida

13.02.2014 | 13:40

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, entre ellos su ex copresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias.

En un auto, el magistrado acusa al exdirector general de la entidad, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas de un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa.

Según la resolución, en la que da 10 días a Anticorrupción para que presente su escrito de acusación, los acusados conocían la "dificilísima situación patrimonial" de la entidad, que en esos momentos había solicitado un segundo apoyo financiero por parte del FROB de 2.622 millones, lo cual no impidió que cobraran 18,94 millones por su prejubilación, un 10 % del patrimonio de la entidad.

Moreno relata que, a mediados de 2010, con motivo de la fusión de Caixagalicia y Caixanova y de la primera petición de ayuda al FROB de 1.162 millones, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, que pertenecían a la segunda entidad, acordaron con Fernández Gayoso "mejorar sus contratos de alta dirección" para "preparar su previsible y futura salida de la entidad".

Así, Pego firmó los nuevos contratos por los que se sustituían los anteriores, "introduciéndose mejoras en las retribuciones a percibir" en caso de "desestimiento unilateral de su relación laboral", modificaciones que "fueron ocultadas" al Consejo de Administración.

"De esta manera, con abuso de confianza y engañando al Consejo de Novacaixagalicia, los acusados consiguieron que la nueva caja se subrogara en las obligaciones que, según les informaron, habían sido previamente adquiridas por Caixanova en materia de retribuciones de altos directivos", por lo que pensaron que éstas databan de los antiguos contratos.

A propuesta de Fernández Gayoso, se acordó que Pego también suscribiera un contrato de alta dirección con García de Paredes, antiguo directivo de Caixagalicia "en las mismas condiciones" que los anteriores.

En ejecución del "plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad y con pleno conocimiento de su próxima bancarización", el 15 de agosto de 2011 se reúne el Consejo de NGC, donde comparece Pradas para plantear "de manera abstracta, sin identificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias", que concurría uno de los supuestos necesarios, el de la fusión de entidades, para extinguir el contrato de los directivos.

También informó sobre los conceptos retributivos para éstos, que eran los mismos que "para el resto de personal de la plantilla y que no existen cláusulas de blindaje, lo cual era manifiestamente incierto".

Por ello, el consejo, en la creencia de que los cuatro directivos deberían cobrar por los mismos conceptos que el resto de la plantilla que se acogió al plan de prejubilaciones, declara otra vez vigentes los antiguos contratos y decide dotar una provisión "cuya cuantía no se concreta" para el supuesto de que algún día, "en el marco de un futuro incierto", se produjera el cese voluntario.

En septiembre, Fernández Gayoso aprobó y liquidó los importes de Pego, que se embolsó 7,7 millones; Rodríguez Estrada (691.261 euros) y de Gorriarán (4,8 millones).

Mientras, Jaime Castellanos, como presidente de la nueva entidad fusionada, liquidó la indemnización de García de Paredes de 5,6 millones "en la creencia de que la misma se ajusta a la legalidad".

Dichas liquidaciones, sus conceptos e importes, insiste el juez, "no fueron conocidos ni aprobados por el Consejo de Administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago", e incumplieron lo pactado con el FROB en materia de retribuciones de altos cargos y con la obligación de informar al supervisor.

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