Canarias pierde 14.800 empleos en dos años de reforma laboral

El número de ocupados en toda España desciende en más de un millón desde febrero de 2012

16.02.2014 | 02:00

Esta semana se han cumplido dos años de la entrada en vigor de la reforma laboral diseñada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Desde entonces se han destruido 14.800 empleos en Canarias y más de un millón en el conjunto de España, mientras que el número de parados ha crecido en 29.800 en el Archipiélago y en 622.700 en todo el Estado. A la vista de los datos, los sindicatos se reafirman en su rechazo, mientras las patronales aseguran que ha servido para frenar la pérdida de puestos de trabajo y que el resultado ha estado condicionado por la situación de crisis de la economía española.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, niega que la reforma esté elaborada a la medida de los empresarios. "Se quedó a medio camino entre nuestros intereses y los de los sindicatos, por eso ninguno estamos conformes del todo", explica.

Tanto él como el profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José María Grisolía Santos, coinciden en afirmar que no es momento de valorar el efecto que ha tenido esta reforma. "Sin crecimiento no hay empleo, por muy bien que funcione el mercado de trabajo", asegura el profesor.

Para Manrique de Lara, lo que ha conseguido la medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido "sentar las bases" para que los ciclos económicos negativos que se produzcan en el futuro "no tengan tanto impacto en el empleo".

Si conceptualmente empresarios y sindicatos se sitúan en lugares opuestos de un mismo escenario, en el caso de la reforma laboral el punto de vista es diametralmente opuesto desde el primer minuto. El sindicato UGT ha elaborado un estudio sobre los efectos de esta norma en el que, entre otras cuestiones, advierten del incremento de la contratación temporal (8,6%), mientras que el crecimiento de la indefinida se queda en el 2%. Y ponen el dedo en una llaga que la totalidad de las fuerzas sindicales denominan precarización de las condiciones de trabajo. Sirva este otro dato: "suben los contratos de formación un 74,8% y los de prácticas, un 18,5%".

"La reforma es desastrosa", sentencia el secretario general de CCOO-Canarias, Juan Jesús Arteaga. Basa dicha afirmación en que "no ha servido para ninguno de los objetivos que planteaba en su preámbulo". El Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral señala en sus primeros párrafos que fue "la gravedad de la situación económica y del empleo" del momento, la que llevó al Ejecutivo a instaurar por la vía rápida "una reforma inmediata que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo".

Razón no le falta entonces a Arteaga. Los fríos datos atestiguan que, lejos de recuperarse, la sangría de puestos de trabajo no ha cesado. Únase a ello que el presidente de la CCE afirma que lo que precisamente le falta a la reforma es crear un marco lo suficientemente seguro como para evitar que sea la interpretación de los jueces la que determine si procede o no un expediente de regulación de empleo (ERE) o si las negociaciones colectivas se ajustan a la ley.

El secretario general de CCOO-Canarias reconoce que, en líneas generales, "los tribunales han mantenido un posicionamiento progresista" a la hora de interpretar el texto legislativo, lo que ha servido para "frenar un poco" el adelgazamiento de las plantillas.

El de los despidos colectivos es otro de los efectos principales que ha tenido el cambio normativo. Si en enero de 2012, justo antes de la reforma, eran 468 los trabajadores afectados por ERE en las Islas, solo cuatro meses después el número se elevó hasta los 2.181. Desde entonces la cifra ha fluctuado, casi siempre por encima de los números previos al real decreto y con clara tendencia a atenuarse desde el pasado mes de julio.

El profesor Grisolía estima que el punto de inflexión en el empleo puede alcanzarse sin tardar demasiado. Contra la Ley de Okun, que establece que la creación de puestos de trabajo no se produce hasta que la economía crece por encima de los dos puntos, él señala que, "dado el dominio del sector servicios y el lento crecimiento de la productividad en la economía española actual", las "mejoras significativas" pueden llegar "en cuanto el PIB crezca por encima del 1%".

Para ello, asegura que también es necesario revertir "la poca movilidad geográfica y funcional" de los trabajadores. Claro que advierte de que la bolsa de parados de larga duración que se ha formado en estos años "será muy difícil que pueda reinsertarse" en el mercado laboral. "Me temo que la crisis dejará una huella irrecuperable para ciertos segmentos de la población y esto no lo cambia ninguna ley laboral", concluye.

Economía

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