El ministro de Economía, Luis de Guindos, y sus homólogos de otros 10 Estados miembros -entre ellos Alemania, Francia e Italia- han celebrado este martes una reunión discreta antes del inicio del Ecofin para intentar desbloquear la creación de una tasa a las transacciones financieras, aunque el encuentro no ha producido resultados concretos.

No obstante, Alemania y Francia, principales promotores de esta iniciativa, han anunciado que tienen previsto publicar en los próximos días una declaración conjunta para impulsar la tasa Tobin de cara a las elecciones a la Eurocámara de mayo.

"Hay una voluntad política de avanzar en estos temas", ha dicho Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin, "pero tiene que hacerse con los fundamentos técnicos adecuados". En este sentido, el ministro ha reclamado que la introducción de la tasa sea "gradual", no se aplique a activos donde podría provocar "consecuencias indeseables" y evite deslocalizaciones.

Guindos ha dicho que ya existe acuerdo entre los ministros sobre que "el primer activo que estaría sujeto a la tasa van a ser las acciones". "El planteamiento que defiende España es que debe ser tanto en el mercado al contado como en el mercado de derivados", ha señalado. No obstante, ha eludido pronunciarse sobre cuáles serían los siguientes activos o los plazos de aplicación.

En el proyecto de tasa a las transacciones financieras participan España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia, Eslovaquia. Estos 11 países han decidido avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada ya que el veto de Reino Unido impide un acuerdo a Veintiocho.

En su reunión de este martes, los ministros de Economía han discutido sobre el ámbito de aplicación de la tasa. El plan original de Bruselas prevé que la tasa grave con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados. Los grandes países, entre ellos España, apuestan por limitar en un primer momento el número de productos gravados para ver cómo funciona la tasa.

La segunda cuestión que se ha abordado es si se gravará según el país de residencia de la institución financiera que emite el instrumento financiero o según el lugar de emisión, tal y como propone la Comisión y apoya Guindos para evitar deslocalizaciones.

Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitirá recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España.