El Gobierno ha aprobado este viernes una serie de medidas para mejorar el acceso de las empresas a la financiación, que incluyen sendos anteproyectos de ley para el Fomento de la Financiación y sobre fondos de inversión alternativa y entidades de capital riesgo, que podrán invertir en pymes hasta un 70 %.
La norma sobre Fomento de la Financiación tiene por objeto hacer más flexible y accesible la financiación a las pymes y fortalecer otras formas de financiación no bancaria, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, se ha aprobado un anteproyecto de ley sobre entidades de capital riesgo que traspone dos directivas comunitarias sobre fondos de inversión alternativa y sobre la limitación de la dependencia exclusiva de las calificaciones crediticias emitidas por las agencias de calificación.
Entre las principales novedades de la norma sobre fomento de la financiación destaca la figura del preaviso, que obliga a las entidades de crédito a avisar con al menos tres meses de antelación sobre la situación crediticia de aquellas pymes con problemas de liquidez y cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida.
Por lo que respecta a las nuevas entidades de capital riesgo-pymes (ERC-pymes), podrán facilitar la financiación de empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión, lo que se conoce como "start up", mediante instrumentos de capital y deuda.
De este modo, podrán invertir al menos un 70 % de su patrimonio en empresas a las que darán asesoramiento además de participar en su gestión: para ello se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital riesgo tradicionales, pues podrán hacer uso de instrumentos de deuda.
El Consejo de Ministros ha analizado además un informe sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial para una posterior aprobación, que podría incluir un fondo de capital riesgo mediante el que la banca podría cambiar la deuda de las empresas por capital.
Entre las novedades aprobadas hoy destaca la mejora del tránsito entre el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y la Bolsa y en sentido inverso.
Para ello, ya no será necesario presentar una opa de exclusión sino que bastará con un mecanismo menos costoso que al mismo tiempo garantice la protección de los inversores minoritarios.
Regulación del 'crowfunding'
El anteproyecto regula también el 'crowfunding', basado en plataformas electrónicas que contactan directamente a los inversores con las empresas, que han de ser transparentes y proporcionen a los inversores la información suficiente.
Además, se fijan límites anuales para cada inversor tanto por proyecto -hasta 3.000 euros- como por plataforma -hasta 6.000-.
Por lo que respecta a las gestoras de inversión alternativa, tendrán que someterse a nuevos requisitos en lo tocante a control de riesgos, liquidez y conflictos de interés, además de cumplir con una política de remuneraciones que evite la toma de riesgos excesivos.
Dejarán de estar sometidas a un régimen de autorización, que será sustituido por el registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
También se contempla la mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), un diseño específico para los establecimientos financieros de crédito (EFC) y la reforma de la regulación de las titulaciones, así como del régimen español de emisión de obligaciones.
Por lo que respecta a las Sociedades de Garantía Recíproca, el aval de CERSA se activará inmediatamente después de producirse el primer incumplimiento por parte de la SGR.
Los directivos de estas SGR tendrán que someterse a criterios de profesionalidad y buen gobierno atendiendo a los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia que ya afectan a las entidades de crédito.
Los EFC, por su parte, orientarán su actividad de forma plena a la financiación empresarial y de consumo.
En cuanto al régimen de emisión de obligaciones, se introducen diferentes medidas en la regulación mercantil, y para que las empresas accedan con facilidad a los mercados de deuda, se eliminan los límites a la emisión de obligaciones.
