El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha evitado que seis familias que ocuparon hace más de un año y medio un edificio propiedad de Bankia en el barrio de Ofra, en la capital tinerfeña, sean desalojadas. El juez no entra a valorar si las familias tienen derecho a vivir en esos inmuebles, tan solo deja claro que el denunciante, la entidad bancaria, ha dejado pasar más de un año desde que es propietaria del edificio por lo que "ha expirado" su posibilidad de ejecutar el lanzamiento del bloque de viviendas.

El auto del juez se basa en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con él expone el magistrado que ha "transcurrido el plazo de caducidad" por el que Bankia puede obligar el desalojo de estas familias, todas sin recursos y en riesgo de exclusión social, como también añade el documento. Sin embargo, continúa, aunque este sea el resultado de la decisión del juez, ello "no impide que se conceda la posesión a la entidad bancaria adjudicataria de las viviendas" de forma que la posibilidad de quedarse o no en las viviendas ocupadas deberá derimirse en "otro procedimiento judicial".

Las seis familias ocupan el edificio ubicado en los números 19 y 21 de la calle Juan Rodríguez Santos de Ofra. Aunque al principio eran 10 familias, que vivían en los pisos disponibles del bloque de viviendas, ahora solo hay seis. "Algunas de estas familias ya han sido desalojadas con anterioridad", explicó ayer Imma Évora, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Tenerife, quien dejó claro que esta decisión es "histórica", ya que no existen precedentes similares "ni en Canarias ni en España", concretó Évora. El edificio inicialmente era propiedad de una promotora de viviendas. Al no poder hacer frente a los pagos, pasó a manos de Bankia. La entidad, cuando se hizo con el inmueble, ya conocía que en el interior había familias residiendo de forma irregular, algo en lo que ahora el juez se avala para dictar este auto favorable a sus ocupantes.

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