La nueva ley de Costas apuesta por aprovechar el tirón que en plena crisis está experimentando el sector turístico, y que el año pasado trajo hasta las Islas a 10,63 millones de visitantes extranjeros, para facilitar nuevas fuentes de ingresos en las Islas. La reforma normativa, aprobada en mayo del año pasado, abre la mano a la hora de conceder permisos para ampliar los establecimientos de restauración ubicados en los paseos marítimos y es más condescendiente en lo que se refiere a la celebración de eventos en las playas.

Empresarios y ayuntamientos coinciden en que esta flexibilidad, que contrasta con la legislación anterior (vigente desde julio de 1988), generará mayores ingresos para las entidades locales, encargadas de gestionar y tramitar los permisos, e impulsará el turismo en las zonas costeras al hacer más atractiva su oferta de servicios.

Otra vía de ingresos consecuencia de la nueva ley procede de la autorización para instalar publicidad en el dominio público marítimo-terrestre asociada a actividades e instalaciones autorizadas, siempre que no sea de forma permanente y manteniendo la compatibilidad con su protección.

El reglamento general de la ley de Costas se encuentra actualmente en fase de exposición pública y recepción de alegaciones. La nueva normativa distingue entre playas naturales y urbanas. Mientras las primeras están totalmente blindadas a la posibilidad de desarrollar en ellas cualquier actividad, como es el caso de la playa de La Laya o El Confital, en las urbanas, como es Las Canteras, Melenara o San Agustín, la ley es tolerante. En ellas se amplía la concesión de autorizaciones de uno a cuatro años a los locales y chiringuitos de playas urbanas.

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