El grupo Maya se encuentra al borde del cierre y ha iniciado la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a toda la plantilla, formada por 120 trabajadores, para buscar su viabilidad. El comité de empresa de Las Palmas considera que la firma se encuentra en "quiebra técnica", mientras que desde la sociedad admiten que las propiedades están hipotecadas y los problemas económicos impiden que haya liquidez para abonar los salarios y pagar a los proveedores.

Maya es uno de los grupos empresariales de más arraigo en Canarias. Nacido en 1953, cuenta con cuatro establecimientos en las dos islas capitalinas y se ha especializado tradicionalmente en electrónica e informática, aunque con los años ha ampliado su oferta. La crisis económica y la bajada del consumo ha perjudicado a la empresa, que ha intentado salvar la situación en los últimos años pero que ahora ya se ve abocada a un callejón sin salida.

El periodo de consultas abierto entre los representantes de la plantilla y los de la empresa finalizó hace unos días y ya se ha iniciado la aplicación del ERE, que afecta a todo el personal. Sin embargo, el director de recursos humanos del grupo Maya, Víctor Sánchez, confía en no llegar al "cese de actividad" si se reorientan las negociaciones y una parte del personal acepta reducciones salariales para mantener los puestos de trabajo. También está sobre la mesa el desprenderse de parte del patrimonio, si bien este objetivo es más complicado por las deudas financieras que mantiene el grupo.

El portavoz de la Federación de Comercio de Comisiones Obreras, Domingo Delgado, considera que Maya va camino del cierre y que la plantilla está abocada al Fondo de Garantía Salarial porque no hay posibilidades de que puedan cobrar ante el colapso económico de la empresa. Según Delgado, hay inmuebles hipotecados por encima de su valor de mercado, lo que provoca que los bancos tampoco estén interesados en quedarse con los mismos.

Después de más de un mes de negociaciones entre las dos partes al final no se alcanzó un acuerdo, por que el grupo ha iniciado la ejecución del ERE extintivo. Según el responsable de recursos humanos de la firma, a la situación económica hay que añadir las diferencias existentes entre los comités de empresa de Las Palmas y de Tenerife. Según Sánchez, los representantes de la provincia oriental no quieren alcanzar un acuerdo tal y como ha planteado la parte empresarial, mientras que los de Tenerife sí estarían dispuestos, por lo que este escenario complica la búsqueda de una solución.

La ejecución del ERE tiene un plazo de seis meses y a corto plazo se va a despedir a un 60% de la plantilla de Las Palmas y a la mitad de Tenerife. "Nuestra voluntad es negociar pero todo depende de la disponibilidad de las personas para alcanzar un acuerdo", advierte el director de recursos humanos. Si se alcanzase un pacto se podría mantener abierta una tienda en cada capital de menos dimensiones y con menos personal, pero sólo es una hipótesis en función de como discurran los acontecimientos en las próximas fechas y a medida que se vaya reduciendo la plantilla.

El representante de Comisiones Obreras se muestra pesimista en que la empresa pueda remontar tras analizar las cuentas a las que han tenido acceso los representantes de los trabajadores, por lo que ve la viabilidad "casi imposible".

Por su parte, Víctor Sánchez lamenta que se haya llegado a este escenario crítico y admitió que, pese a las dificultades, no se había adoptado ninguna decisión drástica con anterioridad para salvaguardar el máximo número de puestos de trabajo.