El expediente de regulación de empleo (ERE) con el que la empresa pesquera Freiremar despidió a 322 trabajadores en toda España a finales del año pasado es "nulo". Así lo ha dictaminado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que obliga a la firma fundada por Manuel Freire Veiga a readmitir a todos los empleados afectados por esta medida y cuyas empresas sigan en funcionamiento. En el caso de Canarias, la medida afecta a 42 trabajadores que desarrollan su labor en alguno de los seis centros que la industrial pesquera mantiene en las Islas.

Las consecuencia de la decisión de la Audiencia Nacional son distintas en función de las comunidades donde se asientan las empresas filiales de Freiremar. En el caso de Canarias significa en primera instancia la readmisión de los trabajadores afectados, si bien en el caso de que no sea así la empresa tendrá que abonarles el finiquito legal por despido, extremo que hasta ahora no ha sucedido. En el caso de Vigo, donde se prescindió de 101 trabajadores, ya no está operativa la factoría, por lo que Freiremar deberá devolver todo lo que adeuda a sus exempleados. Las 101 personas que se fueron a la calle el pasado noviembre no percibieron tampoco la indemnización y tienen, de media, dos nóminas y media sin cobrar.

El sindicato UGT anunció ayer la sentencia de la Audiencia Nacional tras la demanda promovida por la central, que considera satisfactorio el fallo judicial ya que el mismo se produce en la misma línea de lo defendido por UGT. Por ello, el sindicato advierte que comenzará a partir de ahora a trabajar "para conseguir la ejecución de la sentencia en todos sus términos, con la readmisión de los trabajadores afectados y el abono de sus salarios hasta la fecha". Por ello, se dirigirá a las empresas del grupo que siguen abiertas y al Juzgado de lo Mercantil.

Según explicó el abogado Pedro Feced, la sentencia afecta también a dos filiales que habían quedado fuera del concurso: Ocean Eleven Trading -a través de la que operan sus buques de pesca, con sede en Panamá- y Pesca Herculina. En el caso de esta última es determinante ya que fue la firma que ingresó los 10 millones de euros por los que Freiremar vendió toda su cuota de pesca en el caladero de NAFO. La compañía, que tiene base en Las Palmas de Gran Canaria, había argumentado que no poseía liquidez para pagar de inmediato las deudas a sus trabajadores. Esos 10 millones serían suficientes, según fuentes sindicales, para saldar las cuentas con la plantilla. El pago de esa cantidad se realizó el mismo día en cuatro transferencias distintas, según fuentes de la acusación.

En la memoria elaborada por Deloitte para Freiremar para justificar el ERE de extinción, la auditora cuantificaba en 9,5 los millones que se iba a ahorrar la compañía en "costes laborales". No obstante, la Audiencia Nacional estima que el expediente es nulo no solo por el procedimiento de negociación, sino por las causas que la compañía argumentó para llevarlo a cabo.