Eva Ríos (Extremadura, 1970) lleva desde el 2008 al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas, un cargo desde el que repasa los acontecimientos principales de la Memoria Fiscal en relación a 2013, la actualidad y las principales investigaciones emprendidas, entre ellas Emalsa, los floteros en el sector del taxi y el Puerto de La Luz. También alerta de las dificultades de combatir la corrupción con una ley obsoleta, lo que genera una sensación de pasividad que le preocupa.

El año pasado hubo un repunte de la criminalidad económica. ¿De qué delitos se trata?

Las materias que se integran en Delitos Económicos son muy concretas. Son delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, insolvencias punibles y delitos societarios. Sobre todo destacan los comportamientos delictivos contra la Hacienda Pública. El repunte que recoge la Memoria Fiscal es respecto al año anterior, esa no es la dinámica de los años anteriores. De hecho, el número de diligencias de investigación incoadas en 2013 es igual al de 2011, 28.

Pero el incremento en 2013 es significativo, son 10 investigaciones más respecto a 2012. ¿Cómo lo explica?

Nosotros dependemos mucho de lo que hace la Agencia Tributaria. Por eso el delito que más diligencias se lleva es contra la Hacienda Pública, que en 2013 fueron 16. Todo depende de lo que los inspectores detecten y remitan a la Fiscalía. Tampoco suele ocurrir que el delito fiscal descienda notablemente, sino que las inspecciones se demoran más o menos, incluso que esos informes se aporten al año siguiente de haber comenzado la investigación.

¿Entonces considera que ese aumento es coyuntural y no está vinculado a la crisis?

Sí, no creo que se trate de un incremento o de una disminución significativa, sino que está vinculada al funcionamiento específico de cada procedimiento.

¿Tampoco existe un afán recaudatorio de Hacienda?

No puedo afirmar tal cosa. Es más, la línea es muy regular en todos los ejercicios anteriores. Oscilamos entre las 26 y las 28 diligencias de investigación, de las que la mayoría ciertamente son delitos contra la Hacienda Pública, pero no se puede concluir que eso obedezca a un afán recaudatorio como consecuencia de la crisis.

¿Los notarios contribuyen a perseguir el blanqueo de capitales u otro tipo de fraudes?

El blanqueo por sí mismo no está dentro de las materias que son competencia de Delitos Económicos. Por tanto, mi percepción como delegada no es concluyente. Sí es cierto que cuando hemos requerido la colaboración de los notarios nunca ha habido problema.

¿Hay algún caso en los que esté imputada alguna notaría?

No.

¿Y los despachos de abogados? Hacienda les ha dado instrucciones específicas para que denuncien esas situaciones.

El blanqueo de capitales suele estar vinculado al tráfico de drogas y si no es así generalmente lo lleva el fiscal adscrito al juzgado en el que se tramita la investigación, no la sección de Delitos Económicos. Tendría que existir una situación excepcional para que no fuera así, pues nuestro decreto de funciones también hay criterios subjetivos, es decir, podemos investigar delitos distintos a los mencionados si son de una especial complejidad o se trata de cantidades excesivas o con muchos perjudicados. En esos casos los asumimos después de una justificación interna.

La Memoria revela un aumento de denuncias de particulares, no sólo de Hacienda. ¿Por qué puede estar motivado eso?

Creo que está íntimamente conectado con la mayor proyección pública que tiene la Fiscalía. Se ha mejorado mucho desde la Fiscalía General del Estado y en cada circunscripción para dar a conocer que el fiscal también es un funcionario que puede recibir denuncias e investigar con ciertos límites. Esto ha trascendido a la sociedad. Contamos con una ventaja frente a las denuncias en otros organismos competentes, me refiero a la especialización. La persona que denuncia en Delitos Económicos lo hace porque hay fiscales con conocimientos específicos que pueden encausar de una manera positiva el procedimiento en su fase preliminar, que es decisiva.

¿Por qué no hay investigaciones abiertas por fraude a la Seguridad Social?

En 2013 no se inició ninguna y eso nos llamó poderosamente la atención, porque los delitos relativos a la Seguridad Social sufrieron una modificación importante. Antes eran de comisión difícil, que no estaba dada a cualquiera, y ahora se ha facilitado su persecución. La cuantía se ha bajado a 50.000 euros y el cómputo es hasta cuatro años. Desde la entrada en vigor de la reforma se han tenido reuniones con la Dirección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social para tratar de unificar criterios. Nos han adelantado que los procedimientos pueden ser muchos, aunque el dato de los 50.000 euros sólo es el elemento objetivo del tipo penal. El otro, el subjetivo, requiere una intención de causar un perjuicio a la Seguridad Social.

¿A qué comportamientos se refiere?

Afecta a cualquiera que esté obligado al pago de la cuota a la Seguridad Social y no lo haga. Por eso era muy difícil cometerlo, porque era inusual que una pequeña empresa llegara a una cuantía de 120.000 euros de cuota defraudada. De ahí que se bajara la cuota y el cómputo sea mayor.

¿Alguna novedad más en esa reforma?

Sí. Se incluye un delito nuevo: dar de alta a trabajadores simulando contratos que no prestan servicios ni son empleados de la empresa, con la única intención de completar el plazo de cotización necesario para después recibir prestaciones de desempleo. La cantidad de procedimientos abiertos este año por este delito es considerable. Se han detectado muchas sociedades que han dado de alta a trabajadores con esa dinámica, siempre extranjeros contratados por pequeñas empresas que luego no prestan servicios en ellas, pues a los seis meses o siete meses de estar dados de alta y de estar cotizando, en el mejor de los casos, se les da de baja y cursan la instancia para que la prestación les sea satisfecha. En este caso la cuantía ni siquiera es relevante porque el simple hecho de hacerlo es constitutivo de delito.

¿Por qué se demoran estos procedimientos?

Existe una carencia estructural en todos los procedimientos. Los medios judiciales y fiscales son los que son. A ello contribuye que son asuntos complejos, que requieren determinados conocimientos técnicos y periciales. Eso hace que la tramitación sea muy lenta. También suele haber numerosos testigos y perjudicados. Todo eso hace que se retrase la instrucción. Es necesario una reforma procesal. La que tenemos es del siglo XIX y se aviene muy mal a los delitos que estamos tratando. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial lo explicó la semana pasada con una frase muy descriptiva.

"La Ley está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador". ¿Lo comparte?

Efectivamente el sistema procesal no se adecua en modo alguno a los delitos perseguidos. En el siglo XIX había unas necesidades muy distintas a las que tenemos ahora. El desarrollo tecnológico, la globalización... La evolución de la humanidad es brutal. Combatir los delitos tecnológicos y la corrupción es muy difícil con la ley que tenemos.

¿Eso genera una sensación de impunidad en los grandes empresarios y sus fortunas?

De impunidad no. Pero sí genera una sensación de pasividad de cara a la sociedad y eso es preocupante. En ocasiones están implicadas personas con una capacidad económica muy grande, que tienen mucho dinero para contratar abogados y periciales. Suelen recurrirlo todo. Por eso el sistema tan garantista que tenemos contribuye de manera decisiva a que la gente se lleve las manos a la cabeza cuando un asunto tarda 17 años en llegar a juicio. Esa preocupación la sentimos.

¿Y qué siente un fiscal cuando se destapa una trama de corrupción como la Operación Púnica

Lo mismo que cualquier ciudadano, un rechazo absoluto a tales conductas, pero también satisfacción de que se haya descubierto y que se pueda perseguir pese a los escasos medios de la administración de justicia.

¿Las peculiaridades fiscales de Canarias facilitan posibles fraudes económicos?

No. Tenemos mecanismos como la Reserva de Inversiones de Canarias que no existen en otros territorios, pero no se puede decir que eso favorezca la comisión de delitos fiscales.

En la Memoria destaca dos investigaciones concretas: una en el sector del taxi y otra en La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa), pero no se dice nada sobre el Puerto de Luz, uno de los principales motores económicos de la capital y del Archipiélago. ¿No hay fraudes en las empresas portuarias?

Sí que hay operaciones abiertas contra empresas relacionadas con el Puerto por delitos contra la Hacienda Pública.

En la causa contra los floteros hay un empresario que se dedica a acaparar licencias de taxi de viudas y jubilados. ¿Existe responsabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?

Esa causa está en su primera fase y actualmente hay dos procedimientos abiertos. No me atrevo a pronunciarme sobre la responsabilidad del Ayuntamiento. Eso debe afrontarlo el Consistorio porque nosotros sólo nos pronunciamos sobre cuestiones penales, no sobre responsabilidades administrativas o políticas.

De Emalsa explica que hay indicios claros de delito. ¿Por qué son claros ? ¿Cómo va ese procedimiento?

Me remito a la denuncia interpuesta por la Fiscalía, todo el que la haya leído comprenderá por qué son claros los indicios de un delito societario. Los propios auditores recomiendan mecanismos rigurosos de control, es en lo único que coincido con ellos porque rebato ampliamente sus informes. Tomarle declaración a los imputados no ha sido fácil, alguno se ha mostrado reticente a desplazarse a la Isla para tomarle declaración. Ahora están trabajando los peritos para analizar la contabilidad y hacer el informe solicitado.

Emalsa tiene todas las características para demorarse en el juzgado...

La pericial no es compleja, pero sí requiere un trabajo de chinos. Hay muchos contratos y facturas que contrastar con medios de pagos. Por eso espero que no se retrase demasiado. Si me sorprende que las partes interesadas, salvo una excepción, no haya presentado documentación o solicitado diligencias para acreditar la no concurrencia de los indicios delictivos que aprecia la Fiscalía. Eso me lleva a pensar que esas peticiones vendrán en la segunda fase, cuando tengamos el resultado de la pericial sobre el posible perjuicio económico. Entonces entraremos en otra etapa en la que tratarán de ralentizar la llegada del juicio.