¿Ha cerrado su balcón para ganar unos metros al salón? ¿Ha habilitado un sucedáneo de ático techando la terraza? ¿Ha decidido perder parte del jardín para acondicionar un garaje? ¿O simplemente ha ampliado el viejo cuarto de la pileta de su azotea? Si es así, está usted entre los vecinos de los casi cuarenta municipios canarios que están siendo inspeccionados, o lo serán en breve, por los funcionarios encargados de ejecutar la campaña de regularización catastral con que Hacienda prevé mejorar la financiación de las corporaciones locales. En un proceso de inspección que incluye hasta medios aéreos para que nada se escape.
Aunque la campaña se inició en 2013, no ha sido hasta este 2014 cuando ha llegado a Canarias. El primer año se rastrearon las viviendas de 176 municipios, solo dos de ellos de las Islas: la Aldea de San Nicolás y el Puerto de la Cruz. Este año ascenderá ya a varios miles el número de localidades inspeccionadas, mientras al resto de municipios de España, a excepción del País Vasco y Navarra, se le aplicará progresivamente hasta 2016.
De momento, 39 de los 88 municipios de Canarias ya han entrado en la relación de localidades a las que Hacienda se está dirigiendo para invitar a los vecinos a regularizar las ampliaciones y rehabilitaciones realizadas en sus casas y que no han sido declaradas al Catastro. En realidad se trata de la mayoría de ellas, según han advertido los expertos fiscales, porque pocos ciudadanos conocen la obligatoriedad de inscribir en el registro catastral estas modificaciones inmobiliarias menores, de forma que, como mucho, se limitan a solicitar la pertinente licencia municipal.
Este desconocimiento general de la ley centra parte de las críticas que ha recibido la medida, que ha sido calificada de catastrazo, al considerar que pone en evidencia su auténtico objetivo: el afán recaudatorio con que el Ministerio de Hacienda trata de financiar a los ayuntamientos a través de un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la principal fuentes de ingresos municipales.
La mayoría de estas obras menores supone ganar metros de espacio construido y el registro catastral de esta ampliación de la vivienda, por pequeña que sea, repercute en el valor de la misma y por tanto incrementa el recibo del IBI. Lo que resulta extraño para los expertos fiscales es que los propios técnicos de los ayuntamientos no hayan advertido a sus vecinos de la necesidad de inscribir tales reformas en el Catastro, o incluso lo comuniquen ellos mismos a Hacienda como están comenzando a hacer ahora, cuando supondría una mejora de los ingresos municipales. De ahí que las críticas a esta regularización catastral se cierren denunciando, además de la citada "voracidad recaudatoria" del Estado, "mala gestión financiera" por parte de las corporaciones.
¿Catastrazo o amnistía?
Según las previsiones del Gobierno, hasta el 10% de los 36 millones de recibos del IBI que se cobran anualmente en España se verá afectado por esta regularización catastral. Hasta el momento se han abierto 1,5 millones de expedientes, de los más de tres millones que se han previsto.
Para el Ministerio de Hacienda se trata de una iniciativa antifraude y, de hecho, fue incluida por su titular en el paquete de medidas tributarias que el Gobierno estatal impulsó a finales del pasado año para sanear las cuentas públicas y combatir el fraude. Cristóbal Montoro sostiene, en una nota de prensa en la que trata de justificar la campaña, que hay muchas reformas inmobiliarias que se realizan de forma fraudulenta. Y añade: "Hay que hacer aflorar los bienes inmuebles no declarados, entre otras razones porque están disfrutando de unos servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmueble que si han sido correctamente declarados".
Es más, Hacienda defiende que se trata incluso de una medida benévola, porque la campaña de regularización catastral sustituye la sanción de hasta 6.000 euros que podría recibir el propietario por el pago de una tasa de 60 euros en el momento de la regularización de la reforma.
Pero ocurre que, además, la medida es retroactiva, es decir que empieza a computar desde el momento en que se llevó a cabo la obra por lo que, aplicados los plazos de prescripción, el propietario está obligado a pagar el incremento del valor del inmueble hasta las cuatro años anteriores.
Contra estos argumentos, se esgrimen otros que consideran que esta regulación catastral es, además, discriminatoria y más implacable con los ciudadanos que respecto a otros fraudes, sobre todo de los evasores de grandes fortunas, a los que se ha ofrecido amnistías fiscales con regularizaciones al 3% de la cantidad legalizada.
Lapsus electoral
La medida, no obstante, es tan impopular que la cercanía de las próximas elecciones autonómicas parece haber condicionado su proceso de aplicación por etapas. Al menos así lo sostienen los sectores que se oponen al catastrazo, quienes apuntan que no se está actuando sobre las viviendas de las grandes urbes porque es donde se acumula más población y potenciales votantes. Ni Madrid ni Barcelona han entrado aún en la relación de localidades a inspeccionar. Tampoco Las Palmas de Gran Canaria, y apenas algunas capitales de provincia como Alicante, Salamanca, Murcia o Santa Cruz de Tenerife.
La medida contra el presunto fraude inmobiliario llega además en un momento crítico, tanto por la caída de la capacidad adquisitiva a consecuencia de la crisis como por el incremento de la presión fiscal a la que se han visto sometidos en los últimos años los ciudadanos, con incrementos históricos del IRPF para determinados contribuyentes y del propio Impuesto de Bienes Inmuebles. La carga fiscal de ambos conceptos se ha disparado tanto para las familias como para las empresas por decisiones tomadas bien por el Estado bien por los propios ayuntamientos, y la mencionada regularización catastral volverá a incidir sobre ambos impuestos (para la renta en el caso de viviendas no habituales, que ya tributan entre el 1 y el 2,1% del valor catastral del inmueble).
Además, entre el 2007 y 2013 se ha producido un incremento de la recaudación a través del IBI mediante otras actualizaciones catastrales que han supuesto para las arcas municipales pasar de ingresar 7.000 a 12.000 millones de euros por este concepto en el conjunto del territorio español, de los que unos 370 millones de euros corresponden a los ayuntamientos canarios. En estas cantidades se incluye el incremento del 10% del valor catastral establecido por el Estado para ajustar las cuentas públicas y que, en parte, permitirá compensar la pérdida de ingresos municipales por otros conceptos como los correspondientes a licencias urbanísticas, tanto de obra mayor como menor en los inmuebles.
Pese a todo, no existe una previsión económica del impacto recaudatorio que tendrá esta regularización catastral inmobiliaria en el conjunto de las cuentas municipales, pero sí el coste de su gestión: 124 millones de euros.
