Los proveedores de todas las administraciones públicas están obligados por ley, desde hoy, a expedir facturas electrónicas. El Gobierno central pretende acabar con el papel para agilizar la gestión de los pagos, facilitar su control y transparencia y abaratar los trámites. Las administraciones canarias llevan desde el enero del pasado año, cuando el Ejecutivo regional creó el Registro de Facturas del sector público autonómico, preparándose, pero el cambio será paulatino, "atendiendo a criterios de prudencia", según se señala en la orden de la Consejería de Economía y Hacienda publicada el pasado 5 de enero por la que se crea el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regula la tramitación de la factura electrónica.

Así, el Ejecutivo regional se ha acogido a la exclusión que ya plantea la ley nacional y por el momento, las facturas cuyo importe sea de menos de 5.000 euros podrán seguir presentándose en papel en la mayoría de las administraciones.

Sin plazos

Además, el Gobierno regional no ha establecido plazos para acabar con esta prórroga, que también reza para servicios en el exterior. En definitiva, con estas limitaciones en el inicio, la implantación presentación telemática de las facturas, seguirá siendo eminentemente voluntaria. Lo que supone un respiro para los ayuntamientos más pequeños, que temen al salto digital.

La ley nacional aprobada en diciembre de 2013 establece que a partir de hoy es obligatoria la facturación electrónica con las administración estatal, autonómica y local. También con organismos autonómicos e incluso con las universidades públicas. Los proveedores de bienes y servicios deberán presentar las facturas electrónicas en un lenguaje informático determinado (el Ministerio de Industria ofrece un programa gratuito) y estar firmadas electrónicamente.

Si bien el Gobierno de España ha puesto a disposición de las administraciones el punto de la Administración General del Estado, una ventanilla electrónica denominada FACe-al que se han acogido siete comunidades-, el Ejecutivo de Paulino Rivero decidió crear su propio Punto de Entrada de facturas a fin de "optimizar las inversiones técnicas realizadas con cargo al presupuesto autonómico y facilitar", de otra parte, "su integración con el sistema de gestión económico-financiera implantado, así como maximizar las posibilidades de verificación de datos y de información que ofrecerá", se señala en las disposiciones generales de la orden publicada el pasado día 5.