La fusión de las dos sociedades de garantías de Canarias tiene a Sogarte, la de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como clara ganadora. Se queda con la Presidencia, la Secretaría y hasta la Dirección General, mientras que a Sogapyme, su homóloga en Las Palmas, le ha tocado en el reparto una Vicepresidencia. El desequilibrio resulta más que evidente si se tiene en cuenta que mientras que Sogapyme mantiene sus cuentas prácticamente equilibradas, Sogarte ha acumulado pérdidas en 2011, 2012 y 2013. Una situación ante la que los miembros grancanarios en el consejo de administración de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias surgida de la fusión el pasado mes de febrero han decidido plantar cara.
Ayer, en la reunión en la que se aprobaron los principales cargos, los representantes del Cabildo de Gran Canaria, la Cámara de Comercio, la Confederación Canaria de Empresarios y dos empresarios renunciaron a formar parte de la nueva entidad tras presentar una declaración conjunta en la que exponen los motivos de su desacuerdo. Exigen, además, que se envíe el acta de la reunión al Banco de España para que, en el ámbito de sus competencias, tome medidas ante una gestión de creen ineficiente.
Los primeros perjudicados de la situación serán las pymes. Las sociedades de garantías son entidades financieras cuya finalidad es facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y avalar su financiación ante los bancos. Con el desequilibrio actual, temen los dimisionarios, las empresas de Las Palmas juegan con desventaja.
¿Cómo se ha llegado a esto?
La ley de emprendedores aprobada hace año y medio situó el capital mínimo de las sociedades de garantía recíproca en diez millones de euros y sus recursos propios computables en quince millones. Ni Sogarte ni Sogapyme cumplían esas condiciones, por lo que necesitaron una inyección de capital por parte del Gobierno de las Islas que se elevó a los 1,6 millones de euros. A cambio, el Ejecutivo quiso tener mando en plaza y, en consecuencia, ocupar cuatro puestos de los doce que integran el consejo de administración de la nueva sociedad (dos de Gran Canaria y dos de Tenerife) y pasar por el tamiz político el día a día de la entidad.
Un exquisito equilibrio en el reparto, seis para Las Palmas y seis para Tenerife, pero con sesgo en favor de la segunda teniendo en cuenta que se hace con dos de los tres cargos de mayor responsabilidad y que coloca además a la directora general, sin puesto en el consejo.
El Gobierno de Canarias intentó sin éxito la fusión de las cajas rurales de ambas provincias. Su capital en este caso no dejó margen de escapatoria, sobre todo para Sogapyme, que hasta 2013 presentaba unas cuentas inmaculadas y que casi lo fueron también el pasado año a no ser por los gastos derivados del proceso de fusión. En suma, de la unión de dos sociedades de garantías cuando una se anota consecutivos y brillantes ceros en su cuenta de resultados mientras la otra acumula pérdidas de 56.086, 22.920 y 67.929 euros solo puede nacer un engendro. Más si se dota de mayores cotas de poder a la que, al menos en la apariencia de los números, resulta ser la peor gestionada.
Gestión
Con menos personal, Sogapyme, con David Nin como director general, se ha colocado en unas ratios de morosidad y préstamos dudosos inferiores a las recomendadas por el Banco de España, que ejerce como regulador para este tipo de sociedades. En 2013, el porcentaje de avales dudosos sobre riesgo vivo fue en la sociedad de la provincia de Las Palmas del 11,95%, el más elevado suyo hasta la fecha, pero es que el de Sogarte se disparó hasta el 30,89%.
Arturo Cabrera, jefe de Gabinete de la Consejería de Economía y Hacienda y ex director general de Comercio, era el representante del Ejecutivo canario tanto en Sogarte como en Sogapyme y, en buena lógica, el hombre llamado a capitanear el proceso de fusión. Sin embargo, desde un primer momento en Sogapyme saltaron las alarmas al comprobar cómo Sogarte se colocaba en la posición de dejar transcurrir el tiempo hasta el momento de la fusión sin hacer ningún tipo de concesión, ni pedirla tampoco, pero sí realizando alguna aportación unilateral como la de proteger a su plantilla, intención que el Banco de España dejó en nada aclarando que en la sociedad resultante de la fusión debían estar los mejores.
Con la Presidencia y la Dirección General en Tenerife, la sede de Gran Canaria, que hasta la fecha ha presentado los mejores números de gestión, queda reducida a una mera oficina comercial en la que no habrá ninguna autonomía para poder seguir funcionando con los parámetros, alejados de la política, que le han conducido a los números que hasta el momento puede exhibir.
Lo cierto es que en Sogapyme y Sogarte ha habido dos gestiones claramente diferenciadas. Mientras en la de la provincia de Las Palmas primaban los criterios técnicos y se huía de cualquier connotación política en la toma de decisiones, en la segunda los consejeros participaban del día a día, con el resultado explicado. En cualquier caso, la pata de Las Palmas tampoco podría esperar el poder continuar alejada de los criterios políticos tras la aportación realizada por el Gobierno de Canarias y su posterior desembarco en el consejo de administración.
Así las cosas, el presidente de la resultante Sociedad de Garantías y Avales de Canarias es desde ayer Juan García Padrón, representante de la patronal tinerfeña y conocido empresario del sector de la automoción. El vicepresidente será Severiano Déniz, que proviene del sector industrial de la provincia de Las Palmas, pero es uno de los consejeros colocados por el Ejecutivo regional. El secretario del consejo es Corviniano Clavijo, auditor y consejero a su vez del CD Tenerife y también parte de la cuota pública. La directora general será la de Sogarte, María Gracia Zamorano.
Unos nombramientos viciados desde el minuto uno, denuncian los miembros grancanarios que se levantaron de la mesa. Y es que el pretendido exquisito equilibrio entre las provincias no ha sido tal. "Uno de los colocado por el Gobierno en representación de Las Palmas votó con Tenerife", señala uno de los presentes el secretario general de la CCE, José Cristóbal García.
Estos defienden que su única intención era que la Dirección General quedara en manos de quien había demostrado mejor capacidad de gestión: David Nin. "Estábamos dispuestos a dejarles el resto de los cargos", sostiene. Pero García Padrón, haciendo uso del voto dirimente, forzó que la elección para ese cargo fuera en secreto. "Ya habían pactado el resultado", mantiene, y Sogarte se queda con ese cargo pese a sus cuestionables resultados financieros.
