La Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) siguen los pasos del Cabildo grancanario y se plantean retirar el capital social que tienen en la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias. La situación de bloqueo que se generó el pasado viernes en el consejo de administración puede dejar a la sociedad sin representación de Gran Canaria en el consejo de administración y con problemas de capitalización. Sin embargo, el accionista mayoritario, el Gobierno canario, se mantiene en sus tesis y advierte que buscará otros socios que aporten los fondos para cumplir el objetivo principal de la entidad, que no es otro que facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas.
El Cabildo de Gran Canaria es el segundo mayor accionista de la nueva sociedad, tras el Ejecutivo, con 600.000 euros. La Cámara cuenta con 24.000 euros invertidos y la patronal de Las Palmas con 12.000. La Corporación insular estudia su retirada, mientras que tanto el presidente cameral, José Sánchez Tinoco, como el secretario general de la CCE, José Cristóbal García, van a llevar este asunto a sus respectivos órganos directivos y propondrán la salida de la sociedad si no se encauza la problemática.
El representante del Ejecutivo regional en la sociedad, Arturo Cabrera, no se arredra ante estas advertencias: "Me gustaría que estuviesen pero si no estarán otros, la sociedad no va a dejar de funcionar porque ellos se quieran ir". Frente a las críticas de utilización política de la sociedad de avales por parte del Gobierno, Cabrera lo niega y recuerda al Cabildo y a las organizaciones empresariales si con su actitud "quieren o no apoyar a las pymes, que es el objetivo de esta sociedad de avales". Además Cabrera recuerda que, según la ley, una hipotética salida no tendrá efecto inmediato sino que debe solicitarse en el último trimestre del año y causa efectos en el primer semestre del ejercicio siguiente. "Ya buscaremos otros socios que apoyen los préstamos a las pymes", concluye Cabrera.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y durante 13 años de Sogapyme, José Sánchez Tinoco, reitera la necesidad de que el director ejecutivo de la nueva sociedad sea una persona "competente" y no sea un cargo impuesto al margen de la mayor o menor capacidad del elegido. El dirigente cameral critica la falta de diálogo y de consenso en el seno del consejo de administración que ha llevado a que todos los cargos, excepto un vicepresidente, hayan sido designados por la mayoría que forman los representantes de Tenerife junto a los del Gobierno.
El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, advierte que la sociedad va camino de la inoperancia porque los bancos restarán credibilidad a un órgano donde falta una parte destacada del empresariado de las Islas. El dirigente empresarial es claro y critica que el Gobierno quiera ejercer el "control político" de la sociedad, lo que lleva a la ineficacia de la misma. "Con las cosas así es difícil que nos sigamos sentando en el consejo de administración", agrega García. Asimismo, considera que con la imposición de los directivos se pretende que la nueva sociedad "enjugue las pérdidas" de Sogarte frente a la solvencia demostrada hasta ahora por Sogapyme.
Los dirigentes grancanarios lamentan que un empresario de la Isla se haya posicionado a favor de las tesis del Gobierno.
