Las entidades bancarias han puesto en marcha en las últimas semanas una campaña de información en la que urgen a sus clientes a presentar copias del DNI y datos personales acerca de su actividad económica. Si no lo hacen antes de mayo sus cuentas quederán bloqueadas. Bajo esta amenaza, la banca pretende cumplir con los requisitos que impone la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El aviso, más de cuatro años después de la publicación de la normativa en el BOE, ha sido recibido con quejas por la falta de información, la ambigüedad de los requisitos y las molestias causadas. En la mayoría de los casos los cleintes deben acudir en persona a digitalizar su firma y justificar su actividad económica.
El próximo 28 de abril concluye el plazo para que las entidades bancarias identifiquen debidamente a todos los usuarios y sus cuentas, ya sean personas físicas como jurídicas. La ley, con la que se pretende impedir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, data del año 2010. Sin embargo, no es hasta la aprobación de un real decreto el 6 de mayo de 2014 cuando tanto los bancos como las aseguradoras han podido poner en marcga el proceso de identificación.
Entidades como BBVA, Bankia o Banco Popular, entras las consultadas, llevan ya varios meses cumplimentando este trámite, en muchos casos a partir de la presencia del cliente en la sucursal para atender otros motivos. Sin embargo, hay otras entidades que acaban de comenzar la tarea.
Notificación por carta
En la mayoría de los casos, las entidades han entrado en contacto con sus clientes a través del correo tradicional, el electrónico o la mensajería telefónica para que faciliten con la mayor urgencia posible una documentación que incluye una copia digitalizada del documento nacional de identidad, el NIE o pasaporte.
Además deben presentar una declaración jurada sobre su actividad económica y documentación que acredite su actividad profesional, que puede incluir -a criterio de la entidad- la presentación de documentos variados como una copia de la última nómina, certificado de relación laboral, certificado de haberes, la declaración de l impuesto de la renta del último ejercicio o documentos que acrediten el cobro de una pensión o subsidio, entre otros requisitos.
De esta manera, es el propio banco el responsable de informar a sus clientes de estas obligaciones legales. Sin embargo, cabe el riesgo de que no toda las personas estén al tanto de esta normativa, por lo que se podrían encontrar a partir del día 1 de mayo con sus cuentas bloqueadas. Llegado este caso el usuario no podrá sacar dinero de las mismas, ni realizar ingresos. Además, las transferencias y traspasos quedarían retenidos y sólo pago de los recibos domiciliados se seguirán atendiendo hasta que se agoten los fondos de la cuenta.
Quejas de los usuarios
La oficina de reclamaciones del Banco de España informa de que no ha registrado hasta la fecha ninguna denuncia o reclamación formal, pero sí reconoce haber recibidos numeras consultas ante las muchas dudas que parece haber despertado este proceso de identificación. Desde este servicio de reclamaciones destacan que el número de preguntas al respecto supera el habitual.
Esa reacción coincide con las quejas recibidas por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y por la Unión de Consumidores de Las Palmas. Jerónimo Barrera Hernández, delegado de Ausbanc en Gran Canaria, entiende que las entidades se ven obligadas a cumplir con la ley, por lo tanto están obligadas, pero éste se cuestiona la utilidad práctica de este proceso. "Le gente no deja de sufrir molestia tras molestia y así nos lo han expresado a nosotros", aseguró.
Además, Barrera lamenta el hecho de que esta norma suponga un inconveniente y un daño para el pequeño ahorrador cuando en materia de blanqueo de capitales, a su juicio, "los verdaderos delincuentes se mueven a otros niveles". Además, Barrera criticó el exceso de burocracia y que los distintos departamentos del Estado no compartan datos para facilitar estos procesos.
Por último, el representante de Ausbanc calificó este proceso como "deplorable" al considerar que, "la entidad financiera no es quién para tomar decisiones unilaterales sobre una cuenta corriente que mantiene un cliente, que es el propietario de un dinero, y un banco está trabajar acorde a la voluntad del cliente y no la suya".
Por otro lado, José Manuel Quesada, presidente de la Ucompa de Las Palmas, aseguró haber recibido muchas quejas por la falta de un criterio único a la hora de exigir la documentación y a partir de una información no concisa. Además, lamentó que pese a ser una norma en vigor desde el 2010 se haya empezado a recabar la información a unos pocos meses vista del cumplimiento del plazo: el 28 de abril.
