El Congreso ha dado hoy luz verde a la convalidación del decreto ley de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que inician su tramitación parlamentaria como proyecto de ley al objeto de que los grupos puedan modificar el texto e introducir enmiendas.
Con esta tramitación, el Gobierno ha dado respuesta a las peticiones de la oposición que, en el transcurso del debate, ha coincidido en criticar que se llevase a la Cámara un macrodecreto, que afecta a 11 materias y 4 ministerios, para una votación conjunta.
En su intervención, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido, en especial, la ley de la Segunda Oportunidad, que ofrece a personas físicas y pymes la posibilidad de exonerar sus deudas.
Según el ministro, la norma se suma al conjunto de actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para que "los errores del pasado no se vuelvan a repetir".
En opinión del ministro, medidas como las convalidadas hoy ayudarán a superar la crisis "más larga, profunda, compleja y dolorosa" de la historia reciente de España.
Sin embargo, la oposición, en bloque, ha dicho no compartir estas reflexiones y ha asegurado que la ley de la Segunda Oportunidad no exonera las deudas de forma definitiva, dado que en 5 años los créditos pueden resucitar si el beneficiario mejora de situación.
Así lo ha expresado el portavoz adjunto del grupo socialista de Administraciones Públicas, Manuel de La Rocha Rubí, que ha insistido en que la norma se tramite como proyecto de ley para corregir algunos "agujeros negros".
No obstante, el grupo socialista ha querido dejar claro que comparten dos puntos del decreto: la modificación del estatuto básico del empleado público y la modificación de la renta agraria.
Prácticamente, toda la oposición ha coincidido en que la Segunda Oportunidad no refleja la realidad del país, ya que es "socialmente injusta y va contra las personas" y lo que sí representa es una "segunda oportunidad" para la banca.
El portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha dicho que su grupo no será "cómplice" en la "degradación democrática" que supone, a su entender, el abuso del decreto ley.
Coscubiela ha admitido que comparte algunos contenidos del decreto como los referentes a tasas judiciales y peonadas agrarias.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha dudado de la efectividad de las medidas aprobadas, mientras que el de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido "airear" el decreto para que "pise la calle" y se dote de contenidos sociales y el del PNV, Pedro Azpiazu, lo ha tildado de "electoralista".
Dentro del Grupo Mixto, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, lo ha calificado de decreto "tutifruti"; la portavoz del BNG, Olaia Fernández, ha insistido en que el Gobierno legisla contra las personas; el de Amaiur, Rafael Larreina, ha acusado al Gobierno de defender los intereses de los bancos, y en la misma línea se ha expresado la portavoz de ERC, Teersa Jordá.
Entre las medidas que incluye el decreto están los anuncios hechos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación.
El texto del decreto, además de la Segunda Oportunidad, prevé medidas diversas que van desde la bajada de cotizaciones para los contratos indefinidos particulares, el fomento de la justicia gratuita, hasta la extensión de la deducción de 1.200 euros anuales, el llamado "cheque familiar", que tendrá un coste para el Estado de 410 millones de euros.
El texto también recoge una mejora en la protección de los colectivos más vulnerables que quedan excluidos de las cláusulas de suelo de los préstamos hipotecarios y prorroga dos años más, hasta 2017, la suspensión de los desahucios que vencían en mayo de este año.
Dentro de las medidas sociales está la tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos, que no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años. Se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro será mayor para los salarios más pequeños.
La nueva tarifa obligará al empresario a aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos y a mantener el empleo generado con los nuevos contratos al menos durante tres años.
