La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) reclama al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que frene la "politización" en la nueva Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, que surge tras la fusión de Sogapyme, de la provincia de Las Palmas, y Sogarte, su homólogo en Santa Cruz de Tenerife. El presidente de la patronal grancanaria, Agustín Manrique de Lara, trasladó a Rivero que haga "un esfuerzo" por reconducir la situación, que ha derivado en la renuncia de parte del sector grancanario en el consejo de administración, incluido el Cabildo de la Isla, al entender que el nuevo órgano se está politizando con el sostén del Gobierno canario y que, además, se ha producido un enorme desequilibrio de poder en beneficio de Tenerife.
Tanto la CCE como la Cámara de Comercio de Gran Canaria sostienen que la dirección de la nueva entidad se ha de designar en función de "una gestión eficiente y con criterios económicos y no políticos". El presidente de la entidad cameral, José Sánchez Tinoco, que también presidió Sogapyme durante 13 años, advierte de que están ultimando una denuncia para presentarla al Banco de España, que supervisa a esta sociedad de avales, a fin de que intervenga en caso de que desde el Gobierno canario no se dé una solución, aunque según Manrique de Lara, Paulino Rivero está por la labor de evitar que se consolide el cisma en la nueva entidad.
La situación de bloqueo que se generó hace una semana en el consejo de administración puede dejar a la sociedad sin representación de Gran Canaria y con problemas de capitalización, ya que el Cabildo de la isla, el segundo mayor accionista de la nueva entidad, tras el Ejecutivo, tiene 600.000 euros de capital, la Cámara 24.000 euros y la patronal de Las Palmas, 12.000 euros.
Manrique de Lara indicó ayer que los empresarios "tienden una mano" al presidente para que "con serenidad y diálogo" se llegue a una solución que desbloquee el enquistamiento generado, principalmente, por el representante del Gobierno en este órgano, Arturo Cabrera, jefe de Gabinete del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y la persona llamada a capitanear el proceso de fusión. Cabrera niega las críticas de utilización política de la sociedad de avales por parte del Gobierno. Recordó recientemente que, según la ley, una hipotética salida de esta empresa no tendrá efecto inmediato, sino que debe solicitarse en el último trimestre del año y causa efectos en el primer semestre del ejercicio siguiente.
Además insistió en que buscarán otros socios que apoyen los préstamos a las pymes si persisten en abandonar la nueva sociedad.
La CCE y la Cámara de Comercio denunciaron tras el consejo de administración que en la fusión de las dos sociedades de garantías de Canarias se ha primado a Sogarte, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pese a que sus cuentas de resultados acumulan pérdidas, mientras que las de Sogapyme, con menos personal, ha obtenido beneficios y ha gestionado el doble de avales, precisa Sánchez Tinoco. Pese a ello, Tenerife se queda con la presidencia, la secretaría y la dirección general, mientras que a Sogapyme le ha tocado en el reparto una vicepresidencia. El origen del cisma se encuentra en la elección de María Gracia Zamorano, representante de Sogarte, como directora general de la nueva sociedad, además de contar ya con la presidencia y la secretaría bajo influencia de Tenerife.
A juicio de la CCE y la Cámara de Comercio, no se han regido por criterios de eficiencia ni en términos económicos para el nombramiento de Zamorano, cuyo cargo es el que realmente gestiona la sociedad. De hecho, acusan a Cabrera que ya estabacordado antes de votarlo. "Llevo trece años de presidente de Sogapyme y jamás se ha dado un aval que no sea bajo criterios técnicos y no ha habido ninguna clase de injerencia política", recalca Sánchez Tinoco. Manrique de Lara indica que la solución está en dar marcha atrás y que esta vez puedan hablar en el consejo y "no ser convidados de piedra".
