El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Iñigo Fernández de Mesa, anunció ayer que el Gobierno no utilizará dinero público para el caso del Banco Madrid. El alto cargo del ministerio afirmó que la entidad bancaria se enfrenta a un problema "reputacional" y no de solvencia, por lo que no hará falta la utilización de fondos del Estado.

Fernández de Mesa, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), no quiso facilitar datos sobre la investigación que se cierne sobre la Banca Privada d'Andorra, a la que el Gobierno de los Estados Unidos acusó la pasada semana de facilitar el blanqueo de capitales de organizaciones delictivas dedicadas, entre ellos el Cártel de Sinaloa mexicano. El secretario del Estado de Economía se limitó a señalar que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) está actuando de manera "muy eficaz", además de asegurar que no ha actuado "a rebufo de otras instituciones".

Entre los investigados también se encuentran cuatro exaltos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos, que presuntamente están implicados en el caso de blanqueo de dinero, según el informe del Sepblac al que tuvo acceso el diario El Mundo. El rotativo publicó que estas personas figuran en la relación de clientes del banco. En el documento, la entidad informa de que la filial del BPA no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero.

Entre los investigados se encuentran el exviceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el militar Alcides Rondón (que ocupó puestos clave de seguridad con Chávez), el exviceministro de Desarrollo Javier Alvarado, el jefe de los servicios de inteligencia Carlos Aguilera y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.

Según El Mundo, estas seis personas "han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano". El diario agrega que el informe del Sepblac va más allá de la información difundida hace unos días por la unidad antiblanqueo de Estados Unidos que afirmó que "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano".