18 de marzo de 2015
18.03.2015

Bankia cubre los 800 millones de la fianza impuesta por el juez Andreu

La entidad reclama a la cúpula que la sacó a bolsa que responda con su patrimonio

18.03.2015 | 00:36

Bankia y su matriz, BFA, aportaron ayer en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones impuesta por el juez Fernando Andreu para hacer frente a posibles irregularidades por la salida a bolsa y, de inmediato, reclamarán a la antigua cúpula de la entidad que responda con su patrimonio.

El grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri quiere que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los exconsejeros José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella, también participen en la fianza, impuesta de forma solidaria por parte del juez.

Tanto BFA como Bankia están legitimadas para reclamar a la antigua cúpula parte de los 800 millones, después de que ninguno de ellos haya depositado ninguna cantidad hasta el momento, un día antes de que venza el plazo dado por el juez, según las mismas fuentes.

Las dos entidades han hecho efectiva la fianza mediante transferencia por importe de 800 millones a la cuenta designada por el juzgado, la alternativa con menos coste de las que permite la ley y que igualmente evita el embargo cautelar de bienes del grupo.

El depósito de la fianza se ha hecho a pesar de que tanto BFA-Bankia como los antiguos miembros de la cúpula reclamaron al juez que retirara la fianza, una medida que consideraban "lesiva" y "prematura".

El magistrado había tomado la decisión de reclamar los 800 millones basándose únicamente en el informe de los dos peritos judiciales cedidos por el Banco de España, que cuestionaron las cuentas con las que Bankia debutó en bolsa.

Pero no solo recurrieron ellos, sino que la propia Fiscalía Anticorrupción y el FROB, personado como perjudicado en el caso Bankia, censuraron duramente el auto del juez apelando al daño que podría ocasionar una medida así para los accionistas de la entidad, todos los españoles al ser una entidad nacionalizada, al tiempo que se unían a las tesis esgrimidas por los imputados sobre las debilidades de la pericial.

Sin embargo, Andreu ve claro que del trabajo de los dos funcionarios se desprende la comisión de un delito de estafa a inversores tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, y castigado con hasta seis años de prisión.

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