El Ministerio de Empleo prevé que el Consejo de Ministros desatasque hoy la aprobación del real decreto-ley con el que el Gobierno pretende reformar en profundidad la formación para el empleo, un sistema que mueve más de 2.000 millones de euros al año y que ha estado marcado en los últimos años por el descubrimiento de fraudes, en algunos casos imputados a organizaciones sindicales y patronales, que hasta ahora tenían un protagonismo central en la gestión del dinero. La reforma reduce ese protagonismo, pero no aparta por completo a los agentes sociales de los fondos de formación. El último borrador del decreto hace además algunas concesiones para suavizar las resistencias expresadas sobre todo por la CEOE. Una de ellas supone que los agentes sociales recibirán fondos públicos en su nueva condición de asesores y partícipes en la planificación de la formación.
La ministra Fátima Báñez ha retenido el proyecto durante unas semanas ante el rechazo rotundo expresado por la CEOE a una redacción anterior del decreto que señalaba: "los agentes sociales dejan de participar en la gestión de fondos y la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha". Sus fundaciones podrán seguir dando cursos y accediendo a las subvenciones de las administraciones central o autonómica, pero siempre en convocatorias públicas y sin las adjudicaciones directas de fondos que ahora tienen reservadas.
Según trascendió ayer, la redacción final del decreto incluyen al menos dos cambios: habrá "financiación suficiente" para que los agentes sociales cumplan la misión de participar en la planificación, divulgación y adecuación de la formación para el empleo; les permite, a través de sus fundaciones, que sean elegidos por las empresas para impartir formación a sus trabajadores con subvenciones públicas.
