21 de marzo de 2015
21.03.2015

El Estado cuadruplica la oferta de empleo público en año electoral con 7.416 plazas

El Gobierno suaviza las restricciones a la incorporación de personal en la Administración central, que en Canarias perdió casi 150 empleos en cinco años

21.03.2015 | 00:01

La oferta de empleo público de la Administración General del Estado se cuadruplica en año electoral. El Consejo de Ministros aprobó ayer la convocatoria de 7.416 nuevas incorporaciones y 3.834 plazas de promoción interna. El Gobierno suaviza así las fuertes restricciones a la incorporación de nuevo personal que se aplicaron durante los últimos años y que en el caso de Canarias han llevado a que la plantilla de funcionarios dependientes de la Administración central se redujera en aproximadamente 150 personas desde 2009.

La referida oferta de empleo para este año tiene los rasgos que se explican en los siguientes puntos:

Z Nuevos puestos. La convocatoria de nuevas incorporaciones aumenta el 340% respecto a la de 2014. Los incrementos más relevantes se producen en la Administración de Justicia, con 1.430 puestos frente a los 85 del pasado año. Crece también intensamente la oferta de plazas del Cuerpo Nacional de Policía (1.374) y de la Guardia Civil (820), así como las adscritas a la Administración General del Estado (3.542), que comprenden convocatorias ligadas a los distintos ministerios y otros organismos, así como sus delegaciones territoriales. Es más modesto el incremento del número de plazas de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros), que pasan de 221 puestos convocados el pasado año a 250 en este.

Z Promoción interna. Se ofertarán mediante promoción interna 3.834 puestos, la mayoría de ellos en las plantillas de los ministerios (2.708) y en Justicia (596). El aumento global de este tipo de oferta es del 79%.

Según el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, el Gobierno ha dado prioridad a la incorporación de efectivos a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, a reforzar la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a mejorar el control en la asignación de los recursos públicos, al asesoramiento jurídico y a la administración penitenciaria.

"El Estado tiene que tener la dotación de recursos humanos para prestar servicios públicos de calidad", dijo el ministro. Y añadió: "No podemos asistir impasibles a la descapitalización del capital humano". El aumento de la oferta de empleo público llega tras la decisión del Gobierno de mejorar la tasa de reposición, que marca la proporción de vacantes por jubilación que son cubiertas.

Durante la crisis y en aplicación de las políticas de austeridad, esa tasa se redujo hasta dejarla en el 10% con carácter general, si bien se aplicaron valores más generosos en algunos departamentos. Para este año, el Gobierno ha elevado la tasa de reposición al 50% en parte de los servicios, una medida que se extiende a la educación y la sanidad en las comunidades autónomas.

No obstante, el alcance de la oferta pública de empleo está aún a mucha distancia de la que era normal antes de la crisis. Entre 2005 y 2008, el número de plazas nuevas en la Administración central nunca bajó de las 30.000 al año. Las políticas restrictivas que siguieron después condujeron a que en el caso de Canarias la plantilla del personal adscrito a ministerios y otros departamentos que orgánicamente dependen de Madrid descendiera en casi 150 personas en cinco años. Según datos de Hacienda, a mediados del pasado año esa plantilla estaba formada por 24. 842 trabajadores.

El sindicato de funcionarios CSIF rechazó ayer la oferta de empleo público anunciada por el Gobierno porque, a su juicio, supondrá la destrucción, "un año más", de decenas de miles de puestos de trabajo y agravará el deterioro de los servicios públicos. CSIF sostiene que deberían convocarse, como mínimo, el mismo número de plazas que las personas que se jubilan.

UGT, por su parte, califica de electoralista la oferta y destaca que incide en la destrucción de puestos de trabajo en los servicios públicos y que no se ajusta a las necesidades de las Administraciones.

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