Zeneida y Paco se van a casar. Tras seis años de noviazgo contraerán matrimonio en el mes de junio. Se trata de una fecha marcada en rojo, un día grande en su relación y una fiesta entre familiares y amigos. Pero también representa el final de un largo proceso de planificación y cálculo. Sus nóminas no superan los 1.000 euros y hace un año que viven sumergidos en presupuestos, cuentas y facturas.
Pero su andadura no termina con el arroz, la tarta y el "vivan los novios". Una vez desposados, Paco y Zeneida (nombres ficticios) pueden estar en el punto de mira de Hacienda. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro lleva a cabo una campaña contra los gastos sin tributar en las bodas y tanto este matrimonio como cualquier otra pareja recién casada en el país pueden ser objeto de una visita sorpresa de un agente del departamento de Inspección o un requerimiento de información y, acto seguido, tener que justificar factura a factura los gastos de su enlace. De esta manera, Hacienda proseguirá durante 2015 con una campaña que nació en 2013, que persigue el fraude de la denominada caja B de las bodas y que, con incidencia nacional, ya ha tenido actuaciones en Canarias.
Desde la Agencia Tributaria explican que el punto de mira no está en los contrayentes. El objetivo de las actuaciones pretende conocer el funcionamiento de sectores de actividad relacionados con los enlaces matrimoniales, y que, por su configuración, incurren en incidencias fiscales de ocultación de ingresos. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística recogen que en el primer trimestre de 2014 se registraron 2.728 bodas en las Islas. Mientras, el promedio anual de los últimos seis años supera los 6.000 enlaces entre residentes en el Archipiélago y se eleva por encima de las 170.000 bodas en el país.
Por otro lado, el gasto medio de un enlace, calculado para una celebración con 100 comensales a través de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), es de 16.534 euros en España y 11.864 euros en Canarias, la comunidad con menor gasto en este sentido. Este movimiento de capital está bajo sospecha.
Desde Hacienda señalan que no existe un plan especial de actuación. Sin embargo, el proceso utilizado sigue dos procedimientos. En el primero de los casos, un agente del departamento de Inspección se dirige al domicilio para entregar una notificación con el pertinente requerimiento. En el segundo, sencillamente se dirigen a la parejas en una visita sorpresa para solicitar que estos aporten las facturas, así como todos los tiques, justificantes y todo tipo de documentación que contenga información sobre los gastos realizados. La agencia estatal justifica que estas acciones sin aviso no son extrañas y recuerdan que de manera sistemática explican públicamente la relevancia de ese tipo de actuaciones.
Requerimientos
Hacienda no penaliza la ausencia de facturas, ya que los particulares no están obligados a llevar o mantener esta contabilidad y, por lo tanto, no pueden ser sancionados por no conservar esta documentación. Sí están obligados, en cambio, a contestar al requerimiento que se les hace y a aportar la información en su poder, sin importar que sea incompleta. En caso de negarse, se exponen a una sanción que se regular de acuerdo con el artículo 93 de la Ley General Tributaria.
Una vez realizada la recogida de datos se selecciona la información que pueda resultar relevante, en caso de que la hubiera, con la intención de realizar una posterior comprobación con los registros de las empresas que prestaron sus servicios en el enlace. Su intención es aflorar la economía sumergida, centrándose en las empresas que cobran sus honorario en B. De esta manera, el matrimonio contrayente actúa como informador.
"Hasta el momento no nos hemos encontrado con ningún tipo de resistencia o excusa a la hora de aportar la información requerida", explican desde el departamento de comunicación de la Agencia Tributaria sobre las acciones realizadas de manera aleatoria en cualquier punto de España. "La gente a la que se le ha solicitado ha colaborado de buen grado y ha aportado información muy útil al entender que se trata de una medida para la erradicación de un fraude", añadieron a su exposición.
Por último, desde Hacienda recomiendan para todo el que contrate, "cualquier tipo de servicio, en cualquier sector, con cualquier empresa o profesional, que exija el justificante de pago. Este es un derecho al que no deben renunciar. Y, en caso de recibir éste o cualquier otro requerimiento de la Agencia Tributaria, es siempre recomendable ponerse en contacto con los funcionarios correspondientes y explicar la situación".
