La Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Gran Canaria no acudirán a una reunión para abordar, de nuevo, el documento sobre los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), que el presidente Paulino Rivero ha convocado para hoy, como muestra de rechazo al hecho de que la nueva sociedad regional de avales prime la politización, la ineficacia en la gestión y los intereses de Tenerife. Los empresarios han trasladado la situación al Banco de España, al objeto que en el ámbito de sus competencias, intervenga en la nueva entidad de Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, que surge tras la fusión de Sogapyme, de la provincia de Las Palmas, y Sogarte, su homólogo en Santa Cruz de Tenerife.
Acusan al Gobierno canario de politizar el consejo de administración y "llevar a cabo un arbitraje ajeno a los criterios puramente objetivos y de eficiencia que deben imperar en la nueva entidad".
Los empresarios le pidieron al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, recientemente que intentara reconducir la situación, generada principalmente por su representante en este órgano, Arturo Cabrera, jefe de Gabinete del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y la persona llamada liderar el proceso de fusión, que ha derivado en la renuncia de parte del sector grancanario en el consejo de administración, incluido el Cabildo de la Isla.
La crisis se generó el pasado 6 de marzo en el consejo de administración, al nombrar a la directora de Sogarte, María Gracia Zamorano, como directora general de la nueva entidad.
Pérdidas
Los representantes grancanarios denunciaron tras esta reunión que en la fusión de las dos sociedades de garantías de Canarias se ha primado a Sogarte, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pese a que sus cuentas de resultados acumulan pérdidas, mientras que las de Sogapyme, con menos personal, ha obtenido beneficios y ha gestionado el doble de avales.
Por tanto, consideran que no se han regido por criterios de eficacia y "no se garantizan prácticas de gestión eficientes y óptimas para el desarrollo de la actividad".
Cabrera niega las críticas de utilización política de la sociedad y ha afirmado que buscarán otros socios que apoyen los préstamos a las pymes si persisten en abandonar la nueva entidad.
En la misiva remitida al Banco de España indican que en la reunión del pasado 6 de marzo hicieron una declaración con sus quejas y sus renuncias, con la petición expresa de que se diera traslado al Banco de España, pero como no tienen constancia de que se haya hecho proceden directamente a remitirle la documentación para que intervenga pues este organismo está encargado de supervisar las actuaciones de la sociedad de avales.
Exponen en la carta que desde antes de la fusión, incluso en la primera reunión del consejo de administración celebrada el 25 de febrero de 2015, insistieron "en la necesidad de apostar por una gestión eficiente de la entidad".
No entienden cómo se pueden alcanzar decisiones sin valorar y garantizar esa eficiencia y cómo se puede designar a un director general en una entidad financiera "sin valorar los curriculum vitae, los méritos alcanzados, las capacidades demostradas o los resultados obtenidos por los candidatos".
Denuncian que "en la situación actual se prevé la retirada de fondos por parte de determinados socios protectores -el Cabildo tiene 600.000 euros de capital, la Cámara 24.000 euros y la patronal de Las Palmas, 12.000 euros-, por lo que el Gobierno de Canarias verá la oportunidad de seguir inyectando capital, y así poder ejercer un mayor control político de un instrumento financiero ideado para garantizar a los pequeños y medianos empresarios un sistema de garantías y avales que pueda funcionar de forma adecuada".
