El Banco de España descarta intervenir en el conflicto generado en la nueva Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, como han reclamado los empresarios grancanarios, al considerar que son problemas internos de la institución. La entidad reguladora intentará conciliar y mediar para que se solucionen las diferencias, que han derivado en la renuncia de parte del sector grancanario en el consejo de administración, incluido el Cabildo de la Isla, pero estima que no existe una situación de deterioro -de solvencia o de falta de liquidez- en la nueva sociedad de avales como para intervenir, indican fuentes consultadas.
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la Cámara de Comercio de Gran Canaria remitieron el lunes una carta al Banco de España alertando de la politización en la nueva Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, que surge tras la fusión de Sogapyme, de la provincia de Las Palmas, y Sogarte, su homóloga en Santa Cruz de Tenerife.
Ambas organizaciones empresariales criticaron ayer que el Gobierno canario les dé "la callada por respuesta" ante sus denuncias - trasladadas al Banco de España- de que la nueva sociedad de avales regional prime la politización, la ineficacia en la gestión y los intereses de Tenerife. Aunque reclamaron recientemente a Rivero que hiciera "un esfuerzo" por reconducir la situación, el jefe del Ejecutivo no les ha ofrecido una solución, lo que ha ahondado aún más en la grieta abierta tras la elección de los órganos de dirección de la nueva entidad.
La CEOE tinerfeña, por su parte, tiene la "esperanza" de que se arregle el conflicto generado en la sociedad de avales y se muestra partidaria de buscar el "consenso" que evite el abandono definitivo de los empresarios de Gran Canaria de la entidad.
La situación está tan enconada que los empresarios grancanarios plantaron ayer a Rivero en una reunión a la que el presidente les había convocado para consensuar un documento, junto a los sindicatos UGT y CCOO y la CEOE de Tenerife, sobre las medidas económicas para actualizar el Régimen Económico y Fiscal (REF), que se ha de remitir al Parlamento canario y al Gobierno central. Es más, la Cámara de Comercio llevará el viernes a su comité ejecutivo y la CCE el martes a su junta directiva la ratificación de la salida de la sociedad de avales y la devolución del capital que ambas instituciones han puesto en esta entidad -24.000 euros la primera y 12.000 la segunda-, si el Gobierno canario no mueve ficha para elegir a otro director general, cuya eficiencia en la gestión esté acreditada. El Cabildo grancanario también estudia retirar sus fondos - 600.000 euros- si no se corrige esta situación y espera la actuación del Banco de España.
Eficiencia
El sector grancanario acusa al representante del Gobierno regional, Arturo Cabrera, jefe de Gabinete del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y la persona que debe capitanear el proceso de fusión, de favorecer los intereses tinerfeños, al apoyar el nombramiento de María Gracia Zamorano, representante de Sogarte, como directora general de la nueva entidad tras la fusión, además de contar ya con la presidencia y la secretaría bajo influencia de la isla de Tenerife.
A juicio de la CCE y la Cámara de Comercio, no se han regido por criterios de "eficiencia" en la gestión para el nombramiento de Zamorano, ya que Sogarte acumula pérdidas mientras que su homóloga en Las Palmas, Sogapyme, gestionada por David Nin, ha obtenido beneficios y está calificada entre las mejores sociedades de España.
Los empresarios grancanarios acusan a Cabrera de que este nombramiento ya estaba acordado antes de votarlo. "Esto ha sido provocado por Arturo Cabrera, por su intransigencia y por querer dominar la sociedad desde el punto de vista político, anticipando decisiones al consejo", recalcó ayer el secretario general de la CCE, José Cristóbal García.
Desde la Consejería de Hacienda y desde Presidencia optaron por no hacer valoraciones sobre las acusaciones de politización de la entidad, aunque Rivero efectuó un escueto comentario antes de entrar en el pleno del Parlamento de Canarias, al que acudió tras la reunión del REF, donde aludió a la predisposición del Gobierno para solucionar las diferencias, si bien advirtió que a la nueva sociedad no la financian los empresarios, ya que el Ejecutivo es el que mayor capital ha puesto -1.600.000 euros-.
Voluntad de diálogo
Por su parte, la CEOE de Tenerife, que también tiene peso en el consejo de administración y que apoyó a María Gracia Zamorano, espera que las fricciones se arreglen. "Tenemos voluntad de diálogo y de consenso y el Gobierno también intentará solucionar este asunto", señaló el presidente de esta confederación, José Carlos Francisco. En su opinión, es una cuestión de "orden menor y no deberían mezclarla con el REF", expuso en referencia al plante que le dieron los empresarios grancanarios a Rivero. "La solución pasa por que nos sentemos -patronales y Gobierno- a hablar y se llegue a un nuevo acuerdo", aunque, precisó, "sin condiciones previas", como la designación de un nuevo gerente en sustitución de Zamorano. "Es una pena que después del esfuerzo que se ha hecho para la fusión se vayan", precisó.
Por su parte, el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, sostiene que siguen esperando que el Gobierno reconduzca la situación, si bien indica que la solución pasa por que el consejo de administración designe a otro gerente en función de criterios de eficiencia en la gestión, aunque no sea David Nin. Los empresarios grancanarios únicamente van a acudir a "actos institucionales" del Gobierno, y no a otros para "salir sólo en la foto", como la reunión del REF, precisa. El presidente de la Cámara de Comercio, José Sánchez Tinoco, considera que al "Gobierno canario le ha faltado tacto y ha sido ofensivo" con ellos.
