El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores a Banco Madrid y ha decretado el inicio de su liquidación y el cese de los administradores nombrados por el Banco de España. En un auto dictado ayer, el magistrado Carlos Nieto designa administradores concursales a Legal y Económico Administradores Concursales a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) "por causa de interés público" ante "la alarma social" y el "importante perjuicio" causado a los clientes de la entidad y a sus trabajadores.
En concreto, el juez alude a la intervención del Banco de España, la dimisión en bloque del consejo de administración de la entidad y su sustitución por administradores provisionales y el anuncio de la apertura de expediente a la entidad por parte del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Ese "pánico" provocó una fuga de depósitos acumulada de 124 millones de euros entre el 10 y el 13 de marzo.
El auto llega después de que el pasado viernes el FROB informase al juez de que no iba a rescatar a Banco Madrid, con lo que la entidad se veía abocada a la liquidación por la vía concursal y sus clientes con depósitos a recibir un máximo de 100.000 euros, lo que no quiere decir que no puedan recuperar una cantidad mayor finalizado el proceso.
Los administradores provisionales que designó el supervisor tras la espantada del Consejo de Banco Madrid presentaron la solicitud de concurso el pasado día 16 por hallarse en situación de "insolvencia inminente". "Es lícito preguntarse si una entidad que hubiera superado todos los controles y supervisiones puede considerarse susceptible de hallarse en situación de insolvencia inminente", y "la respuesta es obviamente afirmativa", señala el juez tras referirse a la acusación de blanqueo de Estados Unidos a la matriz de Banco Madrid en Andorra y la investigación abierta por el Sepblac.
La plantilla del banco, integrada por 300 empleados, y un grupo de 100 inversores han anunciado que pondrán una demanda contra la intervención.
