La Justicia da la razón al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y mantiene la expulsión de cuatro afiliados del sindicato, acción llevada a cabo a raiz de la fusión de las federaciones de banca y servicios de la central sindical, cuyo rechazo en el Archipiélago motivó una crisis interna que acabó también con la disolución de la directiva encabezada por Juan Jesús Arteaga.
El exsecretario general de la federación de servicios, Manuel Fitas, junto Irene García, Pedro José Borges y Francisco Javier Velasco demandaron a CCOO por vulneración del derecho a la libertad sindical y la suspensión de militancia. En la denuncia se solicita del juez medidas cautelares mientras se resuelve la petición de paralización del congreso de fusión de las dos federaciones sectoriales y el congreso extraordinacio de CCOO de Canarias, convocado para el próximo 26 de junio.
El argumento utilizado por los demandantes es poder reintegrarse de nuevo en el sindicato con todos los derechos para participar en los referidos congresos porque, según la demanda, lo contrario "afecta al interés general de los trabajadores".
Por contra, la representación legal de la central sindical considera que la medida de suspensión y las sanciones se han ajustado a los estatutos con el procedimiento establecido en el reglamento. Asimismo, CCOO estima que la posible paralización de los congresos no es competencia de un Juzgado sino del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por tener un ámbito regional.
El fallo del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife establece que la invocación de la vulneración de la libertad sindical y la suspensión de las sanciones impuestas no tiene cabida en este caso porque "no existe un interés general de los trabajadores, sino exclusivamente un interés particular de los demandantes". Por ello se deniega la suspensión cautelar de la expulsión.
Según la doctrina del Tribunal Supremo, sólo se podría impugnar una medida de este tipo si se impidiera la participación de los candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la función representativa o sindical respecto a la negociación colectiva, reestructuración de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al interés general de los trabajadores y que puedan causar daños de imposible reparación.
En lo que respecta a los procesos congresuales del sindicato, el auto judicial confirma que se trata de un asunto que excede las funciones del juzgado que dirime sobre la sanción a los cuatro sindicalistas y que es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En su demanda, los cuatro sancionados consideran que la decisión de la dirección provisional de CCOO, encabezada por Fernando Lezcano, es "antidemocrática" y su objetivo es "arrinconar y apartar a los demandantes".
La crisis interna del sindicato mayoritario en Canarias surgió el pasado mes de septiembre y tras la dimisión de Juan Jesús Arteaga y del resto de la ejecutiva del sindicato, la organización federal creó una gestora que dirige el también secretario de Comunicación nacional, Fernando Lezcano, y cuyo coordinador es Antonio Pérez.
