Las compañías que se dedican a la venta de combustible no podrán superar el 30% del volumen total suministrado a los consumidores en una isla ni en una provincia. El objetivo, según el portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal (PP), es promover "la entrada de nuevos operadores" para abaratar el precio que pagan por el crudo los consumidores finales en la misma medida en que el coste del barril Brent decrece en los mercados internacionales.
En el Archipiélago, Disa es la gran perjudicada por una norma que ya ha partido en dirección al Senado. Se espera que la Cámara Alta la devuelva en un breve plazo para que entre en vigor en junio. Desde la empresa canaria de Demetrio Carceller, se optó ayer por el silencio a la espera de conocer en profundidad el texto ya enmendado y que, mayoría absoluta del PP mediante, será el que vea la luz de manera definitiva.
Comunicación obligatoria
Desde mitad de año, todas las gasolineras deberán comunicar obligatoriamente y de forma semanal al Ministerio de Industria y Energía el volumen de combustible despachado. Esa información se unirá a la del precio de venta al público, que ya facilitan. "En 2016 contaremos con los datos suficientes para conocer la composición exacta de los mercados", explicó ayer Mariscal.
Será entonces cuando se sepa de manera fehaciente qué compañías están copando una cuota de ventas superior a ese límite del 30%. ¿Qué hará a partir de ese momento el Ejecutivo? "Lógicamente, no podemos expropiar a una empresa para reducir su presencia", aseguró el portavoz del PP en la Comisión de Industria y Energía. Las actuaciones, que recogerá el reglamento que desarrollará la norma, irán encaminadas a impedir el crecimiento futuro. "Eso provocará la aparición de marcas blancas", tal y como las denominó Guillermo Mariscal, "que irán adquiriendo cuota de mercado", con lo que la situación dominante se irá diluyendo.
El profesor e investigador del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC, Juan Luis Jiménez, ha estudiado el mercado de los hidrocarburos en todo el país junto al profesor Jordi Perdiguero, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y, "sin haber leído la ley", sí teme que el desembarco de nuevas operadoras no llegue a producirse.
"Las mejores ubicaciones están ocupadas ya y, salvo Repsol, que al menos hasta hace un tiempo mantenía una política de importaciones, el resto de las que operan en el Archipiélago compran a Disa", detalló Jiménez. La única puerta abierta que halla son las estaciones de servicio anexas a una gran superficie comercial que sí "disciplinan la competencia", según lo observado en la Península.
La nueva norma permite también la agrupación de propietarios de gasolineras con el fin de constituir centrales de compra, más dotadas para negociar una rebaja de precios con los mayoristas. En el caso de las Islas, se haría necesario el desembarco de un nuevo suministrador o varios para que esta medida surtiera efecto. De otro modo, el panorama continuaría igual, con Disa como líder de ventas y solo Repsol fuera de ese circuito.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya experimenta con esta medida en la Península, mientras que en las Islas, la aparición de Pcan (Petrolífera Canaria, SA), constituida por una suma de trabajadores autónomos, ha sido la única experiencia que hasta la fecha se ha revelado útil para abaratar los precios. La duda es si en el futuro próximo aparecerán nuevos operadores que den lustre a la norma ideada por el PP.
