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Los inversores canarios en el Banco Madrid ven desmedida la intervención

Entre los afectados hay personas que tenían en la entidad todos sus ahorros

Oficina de Banco Madrid en el barrio de Arenales de Las Palmas de Gran Canaria. J. C. CASTRO

Una veintena de clientes canarios de Banco Madrid iniciarán un litigio con el Banco de España al considerar que la intervención de la entidad fue una decisión desmedida que ha perjudicado sus intereses, según apuntó ayer el abogado Roberto Miño, del despacho madrileño Cremades & Calvo Sotelo, que representará a la totalidad de la plantilla del banco, entre ellos unos 30 que trabajan en las dos oficinas del Archipiélago, y a parte de los perjudicados.

En una reunión mantenida en la tarde de ayer en la capital grancanaria, el letrado informó a los afectados de las medidas que se tomarán para tratar de recuperar el dinero invertido en la entidad, que la pasada semana fue declarada en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid. Entre estas se encuentra la opción de lidiar con el supervisor del sistema bancario por la sobreactuación que, según el abogado, se realizó después de que Estados Unidos advirtiera de que había organizaciones delictivas que lo utilizaban para blanquear dinero.

Entre los perjudicados en el Archipiélago hay personas de todos los perfiles, desde quienes tenían inversiones millonarias hasta quienes habían depositado ahorros familiares en las dos oficinas que Banco Madrid mantiene en el Archipiélago, que se encuentran cerradas desde el pasado 16 de marzo cuando se anunció que el Banco de España intervenía la entidad bancaria.

Roberto Miño también mantuvo un encuentro con la treintena de empleados del banco en las Islas, que, aseguró, se encuentran en una situación "alarmante" ya que manifestaron al letrado que las cuentas que tienen en el banco, en las que además se ingresaban sus sueldos, están bloqueadas, por lo que no pueden acceder a su dinero ni pagar sus facturas.

"Están preocupados porque no han recibido ningún tipo de información", indicó Miño, quién agregó que muchos de los trabajadores, que llevan diez años en la entidad, han visto cómo se ha dañado su honorabilidad debido a las tesituras vividas con sus clientes. "Ellos [los clientes] les piden asesoramiento, pero en el caso de que comuniquen a un inversor cualquier información que pueda beneficiarles respecto a un tercero estarían cometiendo una infracción que puede ser constitutiva de despido colectivo", afirmó el letrado.

A expensas de la caja

Sobre la situación laboral de los empleados, Miño señaló que los administradores concursales tienen que comunicar el ERE a los representantes de los trabajadores. "Habrá un periodo de consulta en el que la concursal tiene que poner los datos por los cuáles optan a ese ERE. En ese momento se sabrá si van a cobrar o no, todo dependerá de la situación financiera de la empresa, si hay caja pueden cobrar". Este escenario se ha agravado por la fuga de capitales que se produjo antes de la intervención del banco, cuando los inversores retiraron 172 millones de euros en tres días.

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