El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado la construcción de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) por no contar con un análisis de los riesgos que implica desarrollar su actividad junto a "actividades potencialmente peligrosas de la zona", especialmente la central térmica que existe a unos 400 metros. La Justicia madrileña atiende así el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla.
Hace solo dos semanas, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, aseguró que en la segunda mitad de este año comenzarían las obras de la planta de regasificación. Sin embargo, los planes de la compañía se ven frenados por el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, cuya Sección Octava recuerda que incluso el Gobierno canario advirtió en 2005 de la necesidad de realizar un estudio para garantizar una actividad segura a pesar de existir otras instalaciones industriales en el muelle. "No consta que la Declaración de Impacto Ambiental [DIA] contenga un análisis independiente de los efectos y riesgos acumulativos o sinérgicos, lo cual implica una omisión especialmente relevante", relata la sentencia.
El frenazo se une al que sufre la regasificadora de Gran Canaria, para la que aún no existe ubicación determinada -siempre se contempló Arinaga como posibilidad más factible- y que cuenta con el rechazo frontal del Sureste de la Isla, especialmente del alcalde de Agüimes y candidato de Nueva Canarias (NC) al Cabildo, Antonio Morales.
La sentencia explica que la falta del documento "desnaturaliza" el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, "que debe ser adecuado para preservar de forma integral los intereses ecológicos concurrentes en ese lugar".
El recurso de la plataforma ciudadana se dirigió contra las resoluciones del Estado que daban vía libre a la ejecución de la planta. Su estimación por parte del TSJM conlleva "la consecuente anulación" de la DIA y de la autorización administrativa que el Gobierno central concedió a la Compañía Transportista de Gas Canarias SA (Gascan) para instalar la planta.
El fallo, fechado el 16 de marzo, no es firme. El TSJM da un plazo de diez días al Gobierno central (demandado) y a Gascan (codemandada) para interponer recurso de casación. Los servicios jurídicos de Enagás, titular del proyecto tras comprar por nueve millones de euros a Endesa y Sodecan las acciones de Gascan que aún no controlaba, valorarán "en detalle" los efectos de la sentencia antes de tomar una decisión.
Alegría por la "victoria"
Miembros de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, acompañados por el abogado que ha llevado el caso, Isidro López, mostraron su alegría ayer por haber logrado esta "victoria". Eva Guerra, una de las integrantes de la organización, afirmó que la sentencia llega en un momento "crucial", ya que el plan de iniciar las obras en la segunda mitad de este año sufrirá "al menos un parón de un buen tiempo".
A su juicio, es un "gran paso" para abordar el "imprescindible" cambio de modelo energético que en la actualidad está basado en las energías fósiles contaminantes, recordando que el gas también lo es y que Canarias es "rica en recursos naturales, que además son fuentes infinitas y que crean puestos de trabajo" de calidad.
Eva Guerra calificó de "mentira" que la construcción del puerto de Granadilla sea capaz de crear los empleos que se anunciaron en su momento y resaltó que ahora el muelle queda "bastante cojo". Según explicó, los defensores de esta infraestructura colocaron la planta de regasificación como "una de las patas fundamentales" para justificar su construcción en una de las zonas "más ventosas del mundo".
Por su parte, tras la lectura del fallo del TSJM, el letrado Isidro López, estimó que un recurso del Estado o Enagás, o ambos, no servirá para solventar la deficiencia documental detectada por la sala. "Hay que hacer muchos estudios y cálculos", detalló sobre la labor que tiene por delante el regulador gasista española. En cualquier caso, es de esperar que el recurso llegue, ya que en caso contrario, la compañía que preside Llardén tendría que volver a elaborar todo el estudio de impacto ambiental y solicitar la autorización "al completo".
