01 de abril de 2015
01.04.2015
Respuesta de la Comisión Europea

La UE descarta que la privatización de AENA afecte a la conectividad de Canarias

López Aguilar había planteado a la comisión que los cambios en el ente aeroportuario pueden poner en riesgo la movilidad de la población canaria

01.04.2015 | 18:14

La Comisión Europea (CE) considera que la privatización parcial de AENA decidida por el Gobierno de España "no afecta necesariamente a la conectividad de las regiones ultraperiféricas españolas, como las Islas Canarias".

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, ha respondido así este miércoles a una pregunta al respecto planteada por el eurodiputado socialista canario Juan Fernando López Aguilar.

Bulc ha contestado al eurodiputado que "en Europa funcionan varios modelos diferentes de propiedad aeroportuaria, desde la privatización total a las concesiones, pasando por la plena titularidad pública, y la normativa de la UE sobre aeropuertos no hace distinción entre estos modelos".

Ha agregado que, para el Ejecutivo comunitario, con la privatización parcial de AENA, "España ha decidido mantener el modelo de red de aeropuertos, según el cual todos los aeropuertos están sujetos a una gestión común que redunde en favor de la cohesión económica, social y territorial en todo el territorio nacional".

Al plantear su pregunta a la CE en febrero pasado, el eurodiputado socialista señalaba que el Gobierno español había procedido a esa privatización parcial del ente público que gestiona la red de aeropuertos españoles, que "garantizaba el mantenimiento de la actividad aeroportuaria".

El socialista canario ha apuntado en su pregunta que, a su juicio, tras ese proceso, la gestión quedaba "en manos de los intereses financieros de empresarios privados, poniendo en riesgo la movilidad de la población de las Islas Canarias, región con un importante déficit de accesibilidad debido a sus propias especificidades de lejanía y ultraperificidad".

Bulc ha recordado a López Aguilar en su réplica que un reglamento comunitario de 2008 ofrece a los Estados miembros la posibilidad de garantizar un nivel adecuado de servicios aéreos en forma de obligaciones de servicio público, las cuales se han impuesto en trece rutas entre las Islas Canarias.

La eurocomisaria ha precisado que, en el caso de que las autoridades españolas consideren en el futuro que "el mercado no satisface plenamente las necesidades de conectividad en determinadas rutas", pueden "optar por obligaciones de servicio público en esas rutas, con arreglo al procedimiento establecido" en ese reglamento.

López Aguilar también consideraba en su pregunta parlamentaria que "este tipo de privatizaciones suele ir acompañado de una subida de tasas al transporte aéreo, lo que repercutiría negativamente sobre el turismo, principal actividad económica de las islas".

A ese respecto, la CE ha contestado que, según la agencia de estadísticas europeas, "tres aeropuertos de las Islas Canarias (Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote) gestionaron más de cinco millones de pasajeros en 2013 y, por lo tanto, están sujetos a la directiva relativa a las tasas aeroportuarias".

Esta directiva establece principios comunes aplicables a la imposición de esas tasas, entre los que figuran las normas sobre la consulta de los usuarios, la no discriminación y la transparencia.

Ha precisado también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido designada organismo supervisor independiente con competencias para vigilar la aplicación de las disposiciones de esa directiva en los citados aeropuertos.

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