Las Audiencias provinciales dieron la razón a nueve de cada diez preferentistas que decidieron demandar a los bancos por la mala comercialización de estos productos el pasado año y también a siete de cada diez afectados, en su mayoría pymes, por contratos de permuta financiera o swaps.

Así se desprende del Observatorio de la Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos, elaborado por el despacho de abogados Jausas por tercer año consecutivo, en el que se ha analizado más de 1.800 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo en 2014 en relación con participaciones preferentes, swaps, productos estructurados y obligaciones subordinadas.

De ellas, la mayor parte, un total de 1.057, estuvieron relacionadas con swaps, que son permutas financieras que en teoría buscaban proteger a los clientes de la subida de tipos de interés, de la inflación o de las oscilaciones del mercado de divisas. En tres de cada cuatro casos, un 74,17%, las Audiencias Provinciales avalaron a pymes y particulares, y también a otros actores menos habituales como comunidades de propietarios, religiosas y algún ayuntamiento, como el de Masquefa, en Barcelona, que llevaron a la banca a los tribunales por la mala comercialización de estos productos.

Un 70,9% de las pymes obtuvo el fallo favorable de los tribunales, mientras que un 75,22 % de particulares consiguió la anulación de sus swaps, la mayoría de ellos vinculados a hipotecas.

Fue el año pasado cuando el Tribunal Supremo empezó a dictar las primeras sentencias sobre estos productos, dando la razón a cuatro de los cinco casos estudiados. En 2014 los tribunales dictaron 514 resoluciones referidas a participaciones preferentes, de las que el 90% favorecieron al inversor.