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La burocracia impide a Canarias copar la potencia eólica

No se cubrirá ni la mitad de los 450 megavatios aprobados, Industria y Medio Ambiente canarios aceleran para salvar el mayor número de proyectos posible

Fernando Clavijo, en el Consejo de Gobierno del viernes, con Pedro Ortega EFE

Ya es seguro que no se cubrirá el cupo de 450 megavatios de potencia eólica autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria para Canarias. El Ejecutivo autónomo da al asunto la máxima prioridad, pero la burocracia es un lastre de mayor tamaño que la intención de agilizar los trámites. Los parques eólicos que no cuenten con declaración de impacto ambiental antes de que termine este año corren el serio riesgo de no poder montarse. En cálculos del presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, no se llegará a copar "ni la mitad" de la potencia.

Entre los que pueden no llegar a tiempo se encuentran incluso proyectos avalados por el propio Comité de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Canarias. Según avanzó hace dos semanas el ministro Soria en una entrevista en LA PROVINCIA, el cupo se abrirá este mismo mes y desde entonces y hasta el 31 de diciembre tendrán tiempo los promotores para inscribir sus proyectos con derecho a percibir la retribución específica de 86 euros por megavatio hora aprobada por Madrid para las Islas.

El único documento que se exigirá a los inversores es la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva. Sin embargo, su obtención supone un trámite engorroso que, en muchos casos, dejará corto el plazo.

Según los datos ofrecidos por la viceconsejera de Medio Ambiente del Ejecutivo canario, Blanca Pérez, su departamento ya ha resuelto quince de los 27 expedientes iniciados en la provincia de Las Palmas y diez de 18, en la de Santa Cruz de Tenerife. "Es prioridad absoluta que se saquen", afirmó. De cualquier forma, no basta con que se haya terminado ese trámite, ya que es la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) el órgano que ostenta la potestad final para otorgar la DIA.

Pérez volverá a reunirse mañana con su homólogo de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza. Será el cuarto encuentro que celebran ambos departamentos para sacar adelante el mayor número de parques. Este último explica que en la actualidad hay nueve proyectos esperando la declaración de alcance y contenido, el documento que determina exactamente la información que debe aportarse en el estudio de impacto ambiental (EIA) que deben someter a valoración los empresarios. Otros dos ya lo tienen en su poder y se está a la espera de que los promotores remitan sus EIA. Por último, otros catorce esperan por que la Cotmac apruebe definitivamente la DIA.

El problema principal estriba, según el promotor Claudio Palmés, en la obligatoriedad de presentar ese documento previo de alcance y contenido, porque en ocasiones tarda "trece meses" en ser contestado por el departamento medioambiental del Gobierno canario. A su juicio, ese problema estaba detectado por el Ejecutivo y de ahí que la ley de armonización, aprobada este mismo año para reducir los trámites, esboce su eliminación.

Sin embargo, falta el reglamento que desarrolle dicha norma y, mientras tanto, los técnicos de Medio Ambiente aplican la norma canaria. "Es imposible esperar a que se cambie la ley", asegura Blanca Pérez, en alusión a que tomar ese camino conllevaría superar el plazo del 31 de diciembre. La viceconsejera asegura que hay que jugar con las herramientas actuales, apostar por "la coordinación y la priorización" y sacar adelante "todos aquellos proyectos que sean salvables".

Palmés muestra en cambio sus dudas ante la legitimidad para aplicar una ley de la comunidad autónoma "más restrictiva que la estatal básica", la 21/2013 de Evaluación Ambiental. Él esta detrás de varios proyectos y logró que cuatro de ellos -La Vaquería, Doramas, Montaña Perros y Triquivijate- fueran considerados inversiones de carácter estratégico por el anterior Gobierno de Canarias. Tomó esa vía precisamente para asegurarse tener la DIA antes de final de año, pero tampoco tiene ya todas consigo sobre la posibilida de que ni siquiera estos cuatro proyectos vean la luz. "El partido se está jugando ahora y los parques que no tengan DIA antes del 31 de diciembre, difícilmente se montarán", afirma.

Basa su razonamiento en la escasa rentabilidad que tendría un parque eólico sin el abrigo de la retribucion específica de los 86 euros por megavatio hora. Los que no tengan cubierta la tramitación en esa fecha quedarán al socaire de posteriores decisiones del Gobierno central que, al menos en principio, establecerá el método de la subasta para adjudicar potencia eólica a partir de entonces y retribuirá la generación del mismo modo en que lo hace en la Península, sin tener en cuenta los costes de transporte, el escaso tamaño de los parques por falta de suelo y, por tanto, el menor beneficio que se obtiene con ellos. "Desde luego una pyme [pequeña o mediana empresa] no podrá tomar la iniciativa", afirma Palmés.

Falta de personal

Es queja común entre los promotores la escasez de personal que atiende la tramitación. Según Palmés, en la provincia de Las Palmas existen en la actualidad tres técnicos menos de los siete que había hace unos meses.

La viceconsejera de Medio Ambiente, sin embargo, asegura que "ahora mismo no hay ningún problema de falta de medios técnicos y humanos". Reconoce que le gustaría contar con mayor dotación de personal para atender todas las necesidades de su departamento, pero "actualmente la prioridad absoluta es sacar el mayor número de parques adelante".

Nadie duda de la necesidad de incrementar la presencia de energías limpias en el mix energético canario. Las administraciones implicadas lo declaran así por activa y pasiva, pero lo cierto es que ninguna halla la clave para terminar con los obstáculos que la eólica encuentra en su camino.

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